Galán responde a Petro por resolución del Ministerio de Ambiente: "Chingaza está en riesgo"

Gran controversia surgió entre el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Bogotá por la resolución que busca no intervenir la Sabana para convertirla en zona de humedales.

El alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que no permitirá la firma del documento y que esta frene más de 15 obras claves en la ciudad.

Ante esto, el alcalde anunció medidas para retirar la resolución del Ministerio de Ambiente. Informó que acudirá a instancias legales contra el Gobierno Nacional y que no permitirá que el documento sea oficializado. Según el alcalde, la propuesta afecta a más de 600.000 personas y carece de sustento técnico.

El alcalde argumentó que el Gobierno Nacional no presentó pruebas suficientes que justifiquen la resolución sobre la no intervención de ecosistemas en la ciudad.

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Entre otras medidas que la Alcaldía contempla, consiste en solicitar la eliminación formal de la resolución y establecer mesas de concertación con comunidades y gobiernos locales. Pero si el documento se oficializa, se prevén acciones legales disciplinarias y penales.

Además, se coordinará con la Gobernación de Cundinamarca y los alcaldes de municipios afectados para defender la eliminación del documento.

El impacto de la resolución se extendería a proyectos como la ALO Norte, el Metro de Bogotá, el puente Bogotá-Soacha, la ampliación de la Autopista Norte, el corredor de la Séptima, la vía Suba-Cota, la Línea 2 del Metro, la renovación del Aeropuerto El Dorado, el Cable de La Calera y el Regiotram del Norte y Occidente, entre otros.

La restricción también impediría, según Galán, la intervención en los embalses de Chuza y San Rafael, fundamentales para el abastecimiento de agua en Bogotá. Esto obligaría a buscar fuentes alternativas de agua y dificultaría la construcción de una nueva planta de energía, generando una crisis.

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La exalcaldesa Claudia López también criticó la resolución, calificándola como una imposición ilegal del Gobierno Nacional. Acusó al presidente Gustavo Petro de obstruir el desarrollo de la ciudad y convocó a ciudadanos, empresarios y exgobernantes a emprender acciones legales.

El gerente de Lagos de Torca, Alejandro Callejas, expresó una preocupación por las decisiones gubernamentales que afectarían el desarrollo de la ciudad. Consideró que las restricciones ambientales deben ser analizadas con enfoque integral.

Por su parte, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió la resolución y señaló que la Sabana de Bogotá ha sido declarada ecosistema de interés nacional desde 1993. Afirmó que ocho de sus nueve cuencas están en riesgo de agotamiento y que la resolución busca la restauración de ecosistemas y el aprovechamiento del agua.

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El presidente Gustavo Petro argumentó que la Sabana no debe ser urbanizada indiscriminadamente. Indicó que el desarrollo de la región no debe basarse en pavimentar terrenos, sino en fomentar sistemas de transporte sostenible y la conservación de bosques y fuentes hídricas. Señaló que la protección de la Sabana es una obligación legal y que su gobierno hará cumplir la normativa ambiental.

El alcalde Galán refutó las afirmaciones del Gobierno Nacional y consideró que la resolución viola la autonomía territorial y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Afirmó que el proceso de construcción del documento no ha sido transparente y que no se han convocado a las autoridades distritales o locales para su elaboración.

Galán también argumentó que el decreto afecta a 172.000 familias que viven en zonas declaradas como humedales, dejándolas en un limbo legal. A esto se suman 30.000 familias que recibieron vivienda nueva y otras 120.000 viviendas en proceso de construcción.

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Además, el impacto se extendería a más de 115.000 niños y 26.000 adultos mayores, así como a 20.000 micronegocios que quedarían en riesgo.

Los planes parciales de desarrollo, como el Plan Parcial Edén-El Descanso, también se verían afectados. Galán enfatizó que este es un compromiso histórico de Bogotá con la comunidad muisca y que la resolución del Gobierno Nacional lo pone en riesgo.

Fuente: Sistema Integrado de Información