Implementación de cobro a vendedores informales en Bogotá generó protestas

El 9 de marzo iniciará en Bogotá la aplicación del Protocolo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, derivado del Decreto 315 de 2024, el cual estableció el pago de una retribución económica para los vendedores informales que ocupan el espacio público.

La medida, implementada por el Instituto para la Economía Social (Ipes), tiene el propósito de organizar y regular esta actividad sin desalojar a los comerciantes.

El protocolo contempló un esquema de pagos diferenciado, tomando en cuenta la condición socioeconómica de los vendedores. También definió reducciones e incluso exenciones para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Los permisos otorgados por el Ipes tendrán una vigencia de uno a dos años, con posibilidad de renovación hasta por cinco años.

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La medida generó rechazo entre los vendedores informales del centro de Bogotá, quienes expresaron su preocupación por los costos asociados al nuevo modelo y las dificultades que ya enfrentaban en el uso del espacio público. Comerciantes denunciaron extorsiones y enfrentamientos con otros gremios por la ocupación de zonas estratégicas.

Grupos de vendedores anunciaron su intención de bloquear calles si la administración distrital no reconsideraba la medida. Como respuesta, el IPES reiteró su disposición al diálogo y aseguró que el protocolo buscó equilibrar el derecho al trabajo con la protección del espacio público.

Durante varias horas, manifestantes bloquearon la avenida Caracas en el centro de Bogotá, exigiendo mayor flexibilidad en la implementación del protocolo. El Ipes reafirmó su compromiso con la regulación del espacio público y aseguró que los vendedores recibirán apoyo para continuar con su actividad comercial dentro de un esquema formalizado.

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El director del Ipes, Wilfredo Grajales Rosas, aclaró que el protocolo no contempló desalojos y rechazó la instrumentalización de los vendedores con fines políticos. Además, insistió en que la iniciativa buscó generar condiciones favorables tanto para los comerciantes informales como para la ciudadanía.

A pesar de las tensiones iniciales, la administración distrital mantuvo su postura y avanzó con la implementación del protocolo, asegurando que la medida beneficiará a largo plazo a los vendedores y contribuirá al ordenamiento del espacio público en la capital.

Fuente: Sistema Integrado de Información