Siguen protestas en Salitre por traslado de indígenas al IDPAC

La decisión del Distrito de reubicar temporalmente a más de mil indígenas Emberá en la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), ubicada en el barrio Salitre Occidental, sigue generando malestar entre los habitantes de la localidad de Fontibón. 

Durante los últimos días, vecinos del sector han realizado protestas pacíficas y han elevado su voz ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, exigiendo que se evalúe una alternativa distinta.

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Según argumentan, la zona es residencial, no cuenta con infraestructura adecuada para albergar una población de esa magnitud, y la medida no fue concertada previamente con la comunidad. 

“Pedimos que los reubiquen en otro sector y que sea un plan organizado, que no afecte a una sola zona de manera inequitativa. Si es un problema de ciudad, que todas las localidades participen, y no que Salitre cargue sola con las consecuencias,” expresó uno de los residentes. 

Además del llamado al alcalde Carlos Fernando Galán, los habitantes también han solicitado la intervención del Concejo de Bogotá y reclamado la ausencia de representantes políticos en el territorio. 

“Cuando necesitan votos vienen, y aquí todos votamos por Galán. Pero ahora que la comunidad los necesita, hacen oídos sordos. Exigimos responsabilidad y presencia de los concejales que representan este sector,” añadió otra vecina. 

Ante la presión ciudadana, la Secretaría de Gobierno informó que sostuvo una reunión con Asojuntas Fontibón, AsoSalitre y líderes comunitarios la noche del miércoles.

Aunque hubo disposición al diálogo, no se llegó a ningún acuerdo concreto. 

 El pronunciamiento de Salitre Plaza 

Uno de los actores que también manifestó su preocupación fue el centro comercial Salitre Plaza, ubicado en las inmediaciones de la sede del IDPAC.

A través de un comunicado público, la administración del centro rechazó la decisión del Distrito y expuso una serie de argumentos por los cuales consideran inviable el traslado de la comunidad Emberá a ese sector. 

Entre las principales razones, destacan que las instalaciones del IDPAC no están diseñadas ni habilitadas para funcionar como albergue temporal, lo que podría generar situaciones de hacinamiento y falta de condiciones dignas tanto para la población indígena como para los vecinos del sector. 

El comunicado también advierte que este tipo de medidas, tomadas sin concertación, pueden afectar gravemente la seguridad, la infraestructura y la convivencia, teniendo en cuenta experiencias anteriores de ocupaciones no reguladas que terminaron en deterioro del espacio público, sobrecarga de servicios y conflictos comunitarios. 

Asimismo, el centro comercial señala la falta de acompañamiento institucional permanente en traslados anteriores, mencionando que la capacidad de la Policía Metropolitana de Bogotá para brindar vigilancia en la zona es limitada, lo que podría aumentar los riesgos para todas las partes. 

Otra preocupación planteada es la ausencia de participación de los residentes, empresarios y comerciantes del sector en la toma de decisiones, pese a que, según el comunicado, "son quienes han vivido de cerca las afectaciones por migraciones mal gestionadas y conocen las dinámicas propias del territorio." 

En lugar de simplemente rechazar la medida, Salitre Plaza propone la creación de un comité de representación plural, en el que participen autoridades distritales, comunidad, comerciantes y voceros indígenas, con el objetivo de buscar una solución integral y respetuosa para todas las partes. 

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El documento concluye con un llamado a que se garanticen los derechos fundamentales de la población Emberá, ya sea mediante su retorno digno a los territorios de origen con el respaldo del Gobierno Nacional, o a través de una reubicación en zonas que no tengan alta densidad residencial, y que cuenten con condiciones básicas para su atención integral. 

 El conflicto sigue abierto 

Por ahora, la situación no tiene una salida clara. La comunidad insiste en que cualquier decisión que implique la relocalización de poblaciones vulnerables debe estar sustentada en criterios técnicos, sociales y financieros, pero, sobre todo, debe contar con la participación efectiva de los territorios receptores. 

Mientras tanto, el debate se mantiene vivo en medios, redes sociales y escenarios institucionales.

Lo que está en juego no es solo la atención humanitaria de los pueblos indígenas, sino también la forma en que la ciudad distribuye sus responsabilidades y construye convivencia entre sectores diversos. 

Fuente: Sistema Integrado de Información