Camacol pide intervención de la Procuraduría por proyecto de resolución de MinAmbiente

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) solicitó a la Procuraduría General de la Nación intervenir y vigilar el proceso de aprobación de la resolución del Ministerio de Ambiente, que impone restricciones ambientales y afecta el desarrollo urbanístico en Bogotá y más de 30 municipios de Cundinamarca.

Según el gremio, esta medida pone en riesgo la construcción de 360.000 viviendas, de las cuales el 65 % corresponde a Vivienda de Interés Social (VIS), cifra equivalente a seis años de oferta de vivienda en la Sabana de Bogotá.  

El análisis de Camacol Bogotá y Cundinamarca indica que la resolución ministerial bloquea 2.983 hectáreas de suelo urbanizable, impactando 60 planes parciales de ordenamiento territorial. Además, advierte que esta decisión genera incertidumbre jurídica, frena el desarrollo urbano y afecta a miles de familias que buscan acceder a una vivienda formal.  

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El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, manifestó su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la planificación de la ciudad y la región. “Absoluto respaldo al alcalde Galán.

También es de mucha preocupación para el gremio de la construcción las disposiciones que quiere imponer el Ministerio de Ambiente sobre el ordenamiento ambiental de Bogotá y la Sabana. "Creemos que este tipo de disposiciones deben ambientarse en un debate democrático e institucional que no se resuelve en 14 días", señaló Herrera.

"Por eso le hemos pedido a la Procuraduría General de la Nación que haga una intervención, que haga una vigilancia preventiva a todo este proceso que permita que se respeten las leyes de participación democrática y que podamos estudiar a fondo todos esos planos, todos esos estudios para los cuales solamente dieron 14 días", sostuvo.

"No podemos cambiar en 14 días el destino de 39 planes de ordenamiento territorial y sobre todo de muchas, muchas familias que van a tener problemas con la adquisición de su vivienda o de los proyectos de infraestructura vial, de transporte, de movilidad, de servicios públicos o de energía que condenaría a la región a grandes rezagos en su desarrollo”, afirmó el dirigente gremial.  

Camacol subrayó la importancia de que cualquier acción que afecte el ordenamiento territorial debe llevarse a cabo dentro del marco de la Constitución y la ley, respetando competencias y el debido proceso.

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Además, enfatizó que las decisiones deben ser tomadas con la participación de todos los actores involucrados y basadas en análisis técnicos y estudios detallados del territorio.  

El gremio constructor también reafirmó su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo ordenado de las ciudades. “Apoyamos la preservación del medio ambiente; la construcción sostenible y formal es nuestra prioridad, y por eso instamos al Gobierno Nacional a generar verdaderos espacios de diálogo que permitan equilibrar el cuidado del ambiente con el crecimiento social y económico de los colombianos”, agregó Herrera. 

La resolución, según Camacol, fue expedida de manera unilateral por el Ministerio de Ambiente, sin un proceso participativoni concertación con las autoridades locales.

Finalmente, ante esto, la entidad insiste en que la Procuraduría debe intervenir para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos y la autonomía territorial en la planificación de Bogotá y la región.

Fuente: Sistema Integrado de Información