Cámara Colombiana de Infraestructura pide acción urgente de la Fiscalía tras atentados y bloqueos viales

La operación de varias vías concesionadas del país enfrenta un escenario de creciente riesgo por hechos violentos, ataques directos a la infraestructura y bloqueos reiterados que han impactado la movilidad, la seguridad y la actividad económica.

Así lo advirtió la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que describió una serie de episodios recientes y cifras acumuladas entre 2023 y 2025.

Atentados y ataques

Uno de los hechos más recientes corresponde al atentado contra el peaje Cabildo, ubicado en la concesión Vías del Nus, ocurrido durante la semana del 8 de diciembre.

A este evento se suma un ataque posterior contra el peaje Lizama, en la vía que conduce a Barrancabermeja, acción que de manera preliminar fue atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos casos reflejan una situación que, según la CCI, se ha vuelto recurrente en distintos corredores concesionados del país.

La Cámara señaló que estos ataques no son hechos aislados, sino parte de una secuencia de eventos registrados en diferentes regiones en los últimos meses. Entre los corredores afectados se encuentran la Ruta del Sol III, las troncales del Magdalena y la vía Popayán–Santander de Quilichao.

En estos tramos se reportó la destrucción de más de 40 máquinas utilizadas para la operación y mantenimiento vial, además de situaciones que pusieron en riesgo la integridad de trabajadores y ciudadanos que transitan por estas rutas.

A los atentados se suma un alto número de bloqueos en corredores concesionados, registrados entre 2023 y 2025. De acuerdo con las cifras de la CCI, durante ese periodo se presentaron más de 2.000 bloqueos, con efectos directos sobre la libre movilidad.

Estos cierres han generado impactos prolongados en el transporte de personas y mercancías, así como interrupciones constantes en la operación normal de las vías.

Las consecuencias económicas de estos bloqueos y ataques también fueron destacadas por la entidad, con pérdidas cercanas a los 10 billones de pesos.

Según la CCI, estas afectaciones se reflejan en la competitividad del país, el abastecimiento de bienes esenciales y la vida cotidiana de miles de personas que dependen de estos corredores viales para sus actividades productivas y de transporte diario.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura también describió otros hechos que agravan la situación, como asonadas en peajes y el cobro irregular de dinero por parte de grupos que exigen pagos a los conductores para permitir el paso de vehículos, sin contar con autorización legal o constitucional.

Llamado a la Fiscalía ante la falta de avances judiciales

La CCI expuso su preocupación por la falta de resultados visibles por parte de la Fiscalía General de la Nación frente a la reiteración de estos hechos. Indicó que no se conocen avances concretos en investigaciones ni capturas de responsables, situación que, según el gremio, coincide con la repetición de atentados y bloqueos.

La entidad reconoció algunas acciones en materia de seguridad y la disposición de la Dirección de Seguridad Nacional del Ministerio de Defensa para mejorar las condiciones en las vías concesionadas. Sin embargo, insistió en la necesidad de reforzar la presencia del Ejército Nacional en puntos considerados críticos para garantizar la operación y la seguridad de la infraestructura vial.

Fuente: Sistema Integrado de Información

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