Hasta 22 años de cárcel podría pagar alcalde de Riohacha por caso de corrupción

El alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez, y la secretaria de Educación, Dilcey Acosta, podrían ser condenados a 22 años de prisión por los delitos de peculado, falsedad en documento público y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La Fiscalía investiga a los funcionarios públicos por presuntas irregularidades encontradas en el programa de alimentación para menores de edad.

En ese orden de ideas, la Fiscalía encontró una duplicidad de nóminas que supuestamente se les pagó a las manipuladoras de alimentos y las cantidades de alimentos que se les debía entregar a los menores, pues según las autoridades no era el acordado, para el total de niños que iban a estudiar.

Por último, el contratista de las manipuladoras de alimentos les pagaba 125 mil pesos mensuales y llenaba las planillas de control como si les hubiera pagado 425 mil pesos.

La Secretaría de Educación de Riohacha hizo desembolsos por $3.269.585 durante el 2016 a la empresa Asocar contratada para la fabricación y entrega a los niños de los refrigerios y almuerzos.

Aplazan medida de aseguramiento

Por solicitud de los abogados defensores del alcalde de Riohacha y su secretaria de educación, la audiencia de medida de aseguramiento fue aplazada para el próximo miércoles.

Los abogados de la defensa le solicitaron al juez de control de garantías dos días para estudiar el expediente de sus defendidos.

Durante la imputación de cargos, la fiscal del caso le solicitó al juez que debido a la gravedad de los delitos cometidos por estas dos personas las enviará a un centro de reclusión.

Los cargos

La Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales al alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez.

El organismo investigador también le imputó el delito de peculado por apropiación en favor de terceros a la secretaria de Educación investigada por presuntas irregularidades en los contratos para el programa de alimentación escolar de La Guajira.

La Fiscal del caso reveló que entre las irregularidades encontradas en este convenio se estableció duplicidad de nóminas que supuestamente se le pagó a las manipuladoras de alimentos y las cantidades de alimentos que se les debía entregar a los menores no era el acordado, para el total de niños que iban a estudiar.

El contratista de las manipuladoras de alimentos les pagada 125 mil pesos mensuales y llenaba las planillas de control como si les hubiera pagado 425 mil pesos.

La secretaria de Educación de Riohacha hizo desembolsos por $ 3.269.585 durante el 2016 a la empresa Asocar contratada para la fabricación y entrega a los niños de los refrigerios y almuerzos.

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