Campesinos serían desalojados de tierras que quedarían en manos de un exnarco en Cesar, ¿qué dice la ANT?

El 19 de febrero de 2025, los campesinos de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar) fueron notificados de una decisión que podría afectar su estabilidad y poner en entredicho al Gobierno de Gustavo Petro en relación con la entrega de tierras.

Un abogado, en representación de Luis Alberto Urrego Contreras, narcotraficante condenado, les informó que debían desalojar los predios que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) les habían entregado provisionalmente.

La notificación se basaba en una resolución de la Fiscalía 50, que levantaba el “secuestro” de las tierras, permitiendo que Urrego Contreras, alias Bacon, pudiera explotarlas mientras se resolvía su proceso de extinción de dominio.

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Felipe Harman director de la ANT, a través de X, expresó su respaldo a los campesinos y cuestionó la decisión de la Fiscalía:

“La solicitud del bien, extrañamente presentada por la Fiscalía, nos preocupa. Es un antecedente grave que debe ser revisado con rigor. Hicimos un negocio jurídico consolidado, acorde a la ley y a los tiempos. La @AgenciaTierras y la @activosSAE están de la mano, defendiendo a los campesinos”.

Según Rutas del Conflicto, la disputa por estas tierras se remonta a 1996, cuando las familias de Asocadar fueron desplazadas de la hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar. Desde entonces, han buscado la restitución de las tierras mediante un proceso legal prolongado.

En diciembre de 2023, como parte de la política de reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro, la SAE entregó provisionalmente tres predios —El Amparo, El Porvenir y San Ignacio— a las familias de Asocadar, que cumplieron con los requisitos establecidos, incluido el pago de una póliza contra todo riesgo de $8.000.000.

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En noviembre de 2024, durante un evento en Cesar, el presidente Petro anunció la entrega de más de 7.000 hectáreas en el departamento como parte de su compromiso con la reforma agraria.

Sin embargo, la resolución de la Fiscalía 50 cambió el rumbo de la situación, devolviendo la administración de los predios a Urrego Contreras, condenado en 2014 a 15 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de cocaína.

Fuente: Sistema Integrado de Información