JEP abre incidente de desacato contra soldados por desaparición de indígenas en Santa Marta
Hay que restar que estos soldados ya habían sido escuchados en versión voluntaria por la sala sobre estos hechos que se investigan.
Por:
Jheison Quinvar
La neutralización de esta acción terrorista se hizo de forma controlada.
Foto: Cortesía: Tercera Brigada del Ejército
La Justicia Especial de Paz, (JEP), abrió un incidente de desacato contra 7 soldados en el subcaso que se adelanta en esta jurisdicción, Sierra Nevada de Santa Marta, por la desaparición forzada de tres mamos arhuacos y la tortura de varios indígenas de este pueblo, ocurridos en el año 1990.
Este caso, 09 es el que investiga crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos. Según la JEP, estos uniformados nunca se presentaron ante esta jurisdicción para su sometimiento por presuntas faltas al deber de aportar verdad plena y no mentir en el marco de este proceso que de adelanta ante La Sala de Reconocimiento de Verdad de esta jurisdicción.
Esta decisión fue tomada por la magistrada Caterina Heyck Puyana, quien adelanta esta investigación por desaparición forzada.
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Los soldados a quienes le fue abierto este incidente son: el general Juan Salcedo Lora, el coronel Luis Fernando Duque Izquierdo, el capitán Pedro Antonio Fernández Campo, por otro lado, el coronel Rafael Mejía Roa, también el mayor Hernán Carrera Sanabria, el sargento viceprimero Cosme García Camacho y el sargento primero Daniel Rivera Rincón.
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Según ha señalado la Justicia para la Paz, ninguno de estos antiguos integrantes de la fuerza pública habían acudido ante la Sala para solicitar su sometimiento ni los beneficios de la Justicia Transicional Restaurativa que no requerían. Además todos actualmente se encuentran en libertad en relación con estos hechos, sin condenas ni medidas de aseguramiento por parte de la justicia ordinaria.
Hay que restar que estos soldados ya habían sido escuchados en versión voluntaria por la sala sobre estos hechos que se investigan.
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Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación, destituyó a dos de ellos; también el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Constitucional, que ordenaron una investigación seria e imparcial; y la Corte Suprema de Justicia, que revocó las sentencias absolutorias emitidas por la Justicia Penal Militar. Además, la Comisión de la Verdad incluyó estos graves hechos en su informe final.
Fuente: Sistema Integrado de Información
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