Procuraduría formuló cargos contra exgerente de ESE El Roble, Sucre

La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra el exgerente de la ESE Centro de Salud El Roble, Sucre, Fernando Manuel Vergara Ortega, por supuestamente emitir una resolución que comprometía el pago de deudas de Comfasucre EPS, excediendo sus funciones.

Según lo revelado por la delegada para la Economía y Hacienda, la decisión del exgerente incluía el embargo de recursos de salud por un valor cercano a los $12 mil millones, sin tener las facultades ni la competencia necesaria para llevar a cabo tal medida. La resolución habría implicado el embargo de los recursos disponibles en las cuentas bancarias de la entidad, lo que generó un revuelo en el ámbito administrativo y legal.

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La investigación realizada por la Procuraduría señala que durante la vigencia del año 2022, Vergara Ortega pudo haber pasado por alto que el dinero embargado formaba parte de las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación y estaban destinadas al régimen de salud. Este hecho, de acuerdo con el ente de control, no podía ser objeto de la decisión tomada por el exgerente.

El principio de inembargabilidad fue omitido, según adujo el ente de control, lo que posiblemente violó el orden institucional. Además, se confirmó que las Empresas Sociales del Estado (ESE) carecen de competencia para adelantar procesos coactivos contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Administradoras de Riesgos Laborales (ARP) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

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Ante estos hallazgos, la Procuraduría calificó provisionalmente la actuación del exgerente como una falta grave cometida a título de culpa gravísima. Esta decisión ha generado una serie de repercusiones en el sector de la salud y ha puesto en tela de juicio la gestión administrativa de la ESE Centro de Salud El Roble, Sucre, durante el mandato de Vergara Ortega.

La comunidad médica y administrativa ha expresado su preocupación por este caso, ya que pone en entredicho la legalidad y la transparencia en la gestión de los recursos destinados a la salud pública. Se espera que las autoridades correspondientes lleven a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes en este caso.

Fuente: Sistema Integrado de Información

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