Contraloría advierte riesgos por cambios en vigencias futuras de proyectos 4G y 5G

La Contraloría General de la República reiteró la advertencia sobre el riesgo que generaría una eventual reprogramación unilateral y la utilización de los recursos de vigencias futuras de las concesiones viales de cuarta y quinta generación para fines distintos a los establecidos en los contratos.

El organismo de control señaló que, de materializarse esta decisión, la Nación y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tendrían que asumir pagos de intereses remuneratorios y moratorios que no estaban previstos en la estructuración de los proyectos. Además, podrían presentarse incumplimientos contractuales y demandas contra el Estado.

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Advertencia sobre borrador de decreto

La reiteración de la advertencia se produce tras el análisis del borrador de decreto propuesto por el Departamento Nacional de Planeación, que plantea modificar el artículo 2.2.2.1.11.8 del Decreto 1082 de 2015, referente a la reprogramación de vigencias futuras en proyectos bajo esquemas de asociación público-privada.

Según el Contralor, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, el cambio “podría impedir una adecuada gestión fiscal y generar una afectación de obligaciones contractuales vigentes a cargo de la Nación, si se llegare a realizar de forma unilateral”.

Riesgos legales y contractuales

La Contraloría recordó que los contratos de concesión vigentes no prevén condicionar los aportes de vigencias futuras al estado de avance del proyecto. Tampoco tendría soporte legal suspender los desembolsos cuando la ANI o la Nación consideren que el concesionario no avanza según lo pactado.

El ente de control subrayó que, en caso de incumplimientos por parte del concesionario, son los mismos contratos los que establecen los mecanismos sancionatorios y las medidas correctivas.

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Impacto en la ejecución de obras

El Contralor advirtió que no hacer los aportes pactados podría afectar directamente el desarrollo de las obras, llevar a una parálisis en la ejecución e, incluso, en algunos casos, a la terminación anticipada de los proyectos.

“Si se llegare a materializar este riesgo, la Nación y la ANI podrían enfrentar no solo intereses y sanciones, sino también cuantiosas demandas que comprometan aún más los recursos públicos”, concluyó Rodríguez.

Fuente: Sistema Integrado de Información