Contraloría alerta por deudas superiores a $180.000 millones en subsidios para aseo, acueducto y alcantarillado

La Contraloría General de la República alertó por la asignación y pago de los subsidios destinados a los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado en Colombia.

De acuerdo con la Contraloría, con corte a septiembre del año pasado, 361 municipios no han cumplido con la obligación de destinar al menos el 15% de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para Agua Potable y Saneamiento Básico a los subsidios para estos servicios.

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Además, 145 municipios no presentaron reporte alguno sobre la destinación de estos recursos, lo que contraviene la Ley 1176 de 2007.

Otro de los hallazgos preocupantes es el retraso en los pagos de los subsidios, ya que las entidades territoriales no han realizado los pagos a tiempo, con demoras que llegan hasta los 360 días, lo que afecta directamente la estabilidad financiera de las empresas que prestan estos servicios públicos y pone en riesgo la calidad de los mismos.

Un ejemplo claro es el de la empresa Aguas de la Península S.A. E.S.P., que, debido a estos retrasos por parte de la Alcaldía de Maicao, tuvo que solicitar recursos adicionales a su casa matriz para poder continuar operando y cumplir con sus obligaciones.

Al 31 de diciembre de 2024, la deuda por concepto de subsidios asciende a aproximadamente $180.505 millones, lo que afecta principalmente a los hogares de los estratos 1, 2 y 3, que son los principales beneficiarios de estos subsidios.

El no pago oportuno de los subsidios está contribuyendo al colapso de los rellenos sanitarios, los cuales están al borde de su capacidad, lo que genera riesgos ambientales y de salud pública.

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Un caso adicional es el de un operador en el departamento de Córdoba, que presentó 10 derechos de petición debido a los pagos tardíos de los subsidios, una situación que fue atendida por la Contraloría.

La Contraloría informó que hará un seguimiento estricto al uso de estos recursos en 32 municipios del país durante el primer semestre de 2025, con el fin de garantizar la correcta aplicación de los subsidios y la calidad de los servicios públicos.

Fuente: Sistema Integrado de Información