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La Contraloría General de la República denunció que por las vías legales se busca dejar sin efecto la función de responsabilidad fiscal con que cuenta el organismo de control.
Para el órgano de control y vigilancia, este es "otro ataque a las facultades que tiene la Contraloría, para que no se hagan extensivas a algunos servidores públicos las inhabilidades que actualmente aplican para quienes son incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, por tener un fallo fiscal en su contra y no haber respondido por tal obligación".
Este escenario de "impunidad fiscal", como lo cataloga la Contraloría podría darse si prospera una acción de inconstitucionalidad que un ciudadano presentó contra los artículos de la ley 610 del Estatuto Disciplinario que es el encargado de velar porque se hagan efectivas estos mecanismos fiscales.
“Se entabló esta demanda con una interpretación contraria a los principios de la igualdad material y de los postulados de la ética pública que, de prosperar, conduciría a la impunidad absoluta en materia fiscal”, advirtió por su parte, el Contralor Edgardo Maya Villazón.
Para la Contraloría, "dar cabida a la interpretación del demandante constituye un fraude a la ética pública y a la tarea encomendada por la Constitución de velar porque el funcionario público actúe con sujeción a los principios de legalidad, objetividad y debida utilización de los recursos públicos".
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