Corte de La Haya omitió los derechos de los colombianos que viven en San Andrés: Canciller

"La Corte hizo caso omiso de los derechos de los colombianos que viven en San Andrés, Providencia y Santa Catalina", señaló Holguín. Dijo que "las líneas trazadas por la CIJ representan la grave afectación de la historia y la vida misma". Consideró que "los tratados y no los fallos internacionales son los que deben delimitar los Estados". "El Gobierno Nacional ha comunicado al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, que en su condición de depositario del tratado americano de soluciones pacíficas Pacto de Bogotá, que denuncie dicho tratado con efecto a partir de la fecha", explicó la diplomática. Recordó que "al cumplirse más de 6 décadas de su firma, menos de la mitad de los países del hemisferio son parte de este tratado, y no es ésta la primera denuncia que se hace al mismo". Agregó que "Colombia recibió con enorme reputación la sentencia del 19 de noviembre de 2012, proferida por la Corte Internacional de Justicia, en ejercicio de la competencia otorgada por el Pacto de Bogotá". Afirmó que "Colombia considera que el fallo contiene vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada y que no obstante mencionar el principio de la equidad llevó a cabo una delimitación inequitativa". Poco antes de las declaraciones de la Canciller, el presidente Juan Manuel Santos reveló que el Gobierno colombiano denunció el Pacto de Bogotá. "He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica en Colombia, y no por sentencias proferidas por la Comisión Internacional de Justicia", afirmó Santos. Explicó que "en el día de ayer Colombia denunció el Pacto de Bogotá. El aviso correspondiente fue entregado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos", precisó. Nunca más a Colombia le debe suceder lo que ocurrió el 19 de noviembre pasado cuando la Corte otorgó una amplia zona marítima del archipiélago de San Andrés a Nicaragua, en sentencia por el diferendo limítrofe", agregó. El fallo de la CIJ, hecho público el pasado 19 de noviembre en La Haya, dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya había concedido en 2007. La Corte le concedió a Nicaragua más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar, ricos en pesca y otros recursos naturales, que convierten en enclaves dos de los cayos otorgados a Colombia, con lo que se pierde además frontera marítima con otras naciones, como Costa Rica. "Fue un fallo contrario a la equidad y lleva a un detrimento de los colombianos", sostuvo el presidente Santos, que ha defendido el derecho de los habitantes del archipiélago de San Andrés, rodeado por esas aguas, a seguir faenando en tan importante banco de pesca. Texto de la declaración de la canciller María Ángela Holguín"El Gobierno Nacional ha comunicado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, en su condición de depositario del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), que denuncia dicho Tratado con efecto a partir de la fecha. Al cumplirse más de seis décadas de su firma, menos de la mitad de los países del hemisferio son Partes en este Tratado, y no es esta la primera denuncia que se hace del mismo. Colombia recibió con honda preocupación la Sentencia del 19 de noviembre de 2012 proferida por la Corte Internacional de Justicia en ejercicio de la competencia otorgada por el Pacto de Bogotá. Colombia considera que el fallo contiene vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada y que, no obstante, mencionar el principio de la equidad, llevó a cabo una delimitación inequitativa. La mencionada sentencia debió ceñirse al derecho internacional y respetar la intangibilidad de los tratados en cuanto acuerdo de voluntades válidos y vinculantes. Colombia considera, además, que la Corte hizo caso omiso de los derechos de los colombianos que habitan en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desconoció la importancia vital del acceso a los recursos naturales, dio la espalda a los imperativos del manejo ambiental equilibrado en esta sensible área del Caribe occidental. Estas líneas trazadas por la Corte, que para ella son solo un grupo de coordenadas, representan para los colombianos, y muy especialmente para habitantes del archipiélago, la grave afectación de la historia, la geografía, la vida misma y el sustento. Estados respetuosos del derecho internacional, pero en desacuerdo con someter asuntos que comprometen su soberanía y sus derechos marítimos a la decisión de tribunales internacionales, no han otorgado competencia a la Corte para decidir sobre sus derechos marítimos ni sobre la definición de sus fronteras. Esos Estados, como Colombia, consideran que los tratados y no los fallos judiciales son el medio idóneo para lograr delimitaciones equitativas entre las naciones. Colombia sigue vinculada a sus obligaciones internacionales en materia de solución pacífica de controversias de conformidad con otros acuerdos internacionales, los que de ninguna manera se verán afectados por la denuncia que se ha comunicado".Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News