Defensoría advierte que en 75 municipios hay riesgo para que los alcaldes ejerzan su labor

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, luego de su reunión con los más de cien alcaldes del país, aseguró que las organizaciones armadas ilegales deben ser sometidas por la justicia colombiana.

En la reunión, el jefe del Ministerio Público advirtió que son 75 los municipios con riesgo alto para el ejercicio de los alcaldes. Mencionó algunos de ellos como Cartagena del Chairá (Caquetá) y Puerto Guzmán (Putumayo), donde se vieron obligados a despachar desde las capitales de los dos departamentos.

También en Santa Bárbara (Nariño), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Puerto Asís (Putumayo), que están trabajando bajo amenazas.

"Algunos alcaldes nos han manifestado que se sienten solos y a merced de los grupos armados ilegales. Por eso aprovecho esta reunión para revisar la situación de derechos humanos en el país y hacer un llamado a la institucionalidad que nos permita hacer un frente común, con el fin de detener la expansión y accionar de los grupos armados ilegales en los territorios”, señaló Camargo Assis, en un encuentro con alrededor de 100 mandatarios locales y directivos de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios).

Camargo dijo que "los grupos armados no pueden seguir ganando terreno, no pueden continuar imponiendo ‘su ley’; mucho menos, arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”.

Para Camargo, si se quiere someter a los grupos armados ilegales, se requieren gobiernos regionales fortalecidos y un gobierno comprometido con la seguridad en los territorios y la protección de las comunidades más vulnerables.

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En la reunión con los dirigentes de las diferentes ciudades y poblaciones del país, algunos mandatarios locales expresaron sus dificultades que han tenido en los últimos meses para estar al frente de sus cargos.

Los más cien alcaldes del país, reunidos con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recibieron el apoyo por su labor y les dijo que, pese a las dificultades que se presentan, de manera particular en algunas zonas donde el conflicto armado ha tendido a agudizarse, no se puede desestimar ninguna amenaza de la que sean objeto como burgomaestres, ni intimidación alguna contra los gobernadores.

La Defensoría del Pueblo hizo un recuento sobre el fortalecimiento de las estructuras criminales en el país. En la reunión con los alcaldes dio a conocer informes y cifras que han recogido los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en el país, en los que se ha evidenciado el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales de alcance nacional que han aprovechado las regiones abandonadas por las antiguas Farc.

Además, les informó sobre el surgimiento y expansión de nuevos actores regionales y locales que buscan apropiarse de las economías ilícitas en varias zonas de Colombia.

“El grupo armado con mayor presencia e influencia sobre el territorio nacional son las (AGC) o Clan del Golfo, que delinque o tiene injerencia en 24 departamentos y 392 municipios; principalmente, en el noroccidente y oriente del país.

En segundo lugar, el ELN, con presencia en 19 departamentos y 224 municipios; de manera concreta, en todo el corredor de la frontera con Venezuela, como también en buena parte del Pacífico”, explicó Camargo Assis.

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Mientras que las disidencias de las Farc, lideradas por ‘Iván Mordisco’, hacen presencia en 18 departamentos y 180 municipios del suroccidente del país, la Amazonía y algunos territorios cercanos a la frontera con Venezuela.

En cuarto lugar, las disidencias de las Farc, denominadas Segunda Marquetalia, grupo que delinque en 14 departamentos y 69 municipios; particularmente, en el suroccidente del país, aunque tiene injerencia en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, La Guajira y Guainía.

Aseguró el Defensor del Pueblo que a lo largo y ancho de Colombia también hay grupos de crimen organizado con alcance territorial, que son utilizados por los grupos armados ilegales mediante encadenamientos delictivos, a través de la subcontratación o tercerización de acciones criminales. Igualmente, se ha identificado presencia y operación de grupos de crimen organizado transnacional.

Finalmente, Camargo sostuvo que "para poder enfrentarlos, se requieren gobiernos regionales fortalecidos y un Gobierno Nacional comprometido con la seguridad en los territorios y la protección de las comunidades más vulnerables. Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos con nuestra labor para que alcaldes y gobernadores no continúen siendo atemorizados por los irracionales”.

Fuente: Sistema Integrado de Información

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