Defensoría exigió la liberación inmediata de las personas secuestradas por el ELN

La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por el aumento de los secuestros extorsivos en diferentes regiones del país. Desde el 21 de febrero, el ELN también mantiene cautiva a Yennis Salazar Zabaleta, expersonera del César y a Kevin Patarroyo Gómez, quien, tras cumplir 19 años en cautiverio, sigue retenido en el Catatumbo.

Además, hoy se cumple un mes del secuestro de Clara Serrano, retenida por el ELN cuando acudía a gestionar la liberación de su hermano, secuestrado con fines extorsivos en el municipio de Río de Oro, César. La familia Serrano vivió un drama doble porque mientras ella quedaba en cautiverio, su hermano era liberado, bajo la condición de conseguir el dinero para su rescate.

Ante esta situación, la defensora Iris Marín Ortiz reiteró su rechazo al uso del secuestro por parte del ELN y de otros grupos armados ilegales.

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"Estos tres secuestros son extorsivos. El sufrimiento de quienes son secuestrados y sus familias es devastador e irreparable. Exigimos al ELN y a todos los actores armados la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas”, dijo Marín.

La situación se agrava en regiones como el Catatumbo, donde el ELN mantiene secuestradas al menos 50 personas, a quienes acusa de colaborar con las disidencias del Frente 33. Además, más de 18 personas siguen en poder de este grupo armado ilegal en Arauca, a pesar de la reciente liberación de cinco ganaderos.

“El secuestro no tiene ninguna relación o conexidad con los delitos políticos que el ELN dice cometer. Por el contrario, cometido a esta escala y de manera sistemática, se configura como el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes”, sostuvo la Defensora. 

Aunque el ELN no es el único grupo que recurre a esta práctica violatoria de los derechos humanos, la Defensoría señaló que entre enero y febrero de 2025 se registraron 40 secuestros en el país, 31 con fines extorsivos y 9 considerados como secuestro simple.

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Aunque los casos disminuyeron en comparación con 2024, donde se registraron 290 casos frente a 338 en 2023, el secuestro sigue siendo una grave vulneración de los derechos humanos en diversas regiones de Colombia.

La Defensoría del Pueblo reiteró que el secuestro es una herramienta de presión y financiamiento por parte de los grupos armados ilegales, insistiendo en la urgencia de proteger el derecho a la libertad y la vida digna de todas las personas, sin excepción.

Fuente: Sistema Integrado de Información