Denuncian a juez encargado por supuesta feria de "prisiones domiciliarias"

Por esta feria de “prisiones domiciliarias”, como las calificó la Procuraduría, salieron de la cárcel Picota y del Buen Pastor un hombre condenado a 8 años de cárcel por lavado de activos de dineros del 'cartel de Cali' y una mujer condenada a 30 años de cárcel por el crimen de un indigente asesinado para cobrar un seguro. Entre las presuntas irregularidades en el otorgamiento de este beneficio está la concesión de la detención domiciliaria a una mujer que ni siquiera estaba detenida. La Unidad Investigativa de RCN La Radio conoció la existencia de un anónimo, según el cual, por la prisión domiciliaria de Adel Ali Hammound se habría pagado 50 millones de pesos. Este ciudadano libanés fue condenado en septiembre de 2011 a una pena de 8 años de cárcel por lavado de activos de algo más de 313 millones de pesos, del año 1999, que fueron consignados en su cuenta en montos que no superaban los 8 millones de pesos. Ali Hammound fue capturado el 16 de marzo de este año y enviado a la cárcel Picota. El 18 de julio el juez encargado le concedió la prisión domiciliaria. Desde hace algo más de 15 días comparte el apartamento 602 del edificio Villa Ana I, de Quinta Paredes, cerca de la embajada de Estados Unidos con un hombre que tiene un local en sanandresito. En su decisión, el Juez Latorre Silva pasó por alto la decisión del juzgado de Cali que en la condena por lavado de activos le negó a Ali la prisión domiciliaria. Ali Hammound se negó a recibir en su domicilio a los periodistas de RCN La Radio y menos a hablar del anónimo de los 50 millones. Homicida para la casa Otra de las personas supuestamente beneficiadas con esta feria fue María Betina Sánchez, sentenciada a 30 años por el delito de homicidio. Ella fue capturada en 2007 y estaba recluída en el Buen Pastor. El 12 de julio el juez Latorre Silva le concedió la prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia. Al parecer, el juez encargado habría ignorado lo que ordenó el juez que condenó a la señora Sánchez, quien la calificó como integrante de “una empresa criminal” dedicada a ejecutar “un malévolo plan para asesinar personas”. La revista Semana en mayo de 2006 publicó un artículo, según el cual, las autoridades investigaban la participación de María Betina Sánchez en el crimen de 50 indigentes, a quienes después de comprarles seguros de vida los asesinaron. RCN La Radio buscó a la señora Sánchez en el domicilio que registró el juez Latorre Silva en la orden de prisión domiciliaria, pero no encontró la dirección. Vecinos y vigilantes del barrio Suba Tibabuyes aseguraron que la calle 129D con 122 no existe. Prisión domiciliaria para prófuga de la justicia La Unidad Investigativa pudo establecer que el 16 de julio el Juez Cuarta encargado de Ejecución de Penas le concedió la prisión domiciliaria a una mujer que en ese momento huía de la justicia. A Jaidy Méndez Dussán, condenada a 56 meses por estafa agravada y captación masiva, Latorre Silva le concedió el beneficio pese a que el juez que la condenó se lo había negado. La señora Dussán gerenciaba lo que la gente comúnmente denomina una 'pirámide' y según documentos de la Superintendencia Financiera, sus principales clientes eran funcionarios de la Procuraduría, la Fiscalía, la Policía y el Ejército. La señora Méndez Dussan fue capturada 14 días después en inmediaciones de los juzgados de ejecución de penas. Según se indicó, en los 17 días del 'palomazo', Latorre Silva concedió 6 prisiones domiciliarias. Los otros 3 beneficiados – condenados por homicidio, receptación y hurto- siguen todavía en la cárcel porque tienen condenas pendientes. La Unidad Investigativa de RCN La Radio conversó telefónicamente con el juez Latorre Silva, quien se negó a conceder una entrevista. Contrario a lo que dicen las sentencias, aseguró que los beneficiados con las prisiones domiciliarias no son personas peligrosas para la sociedad y sostuvo que “no puede discutir las condiciones personales y familiares de los condenados, porque los procesos siguen en trámite”. Ante estos documentos, el Presidente encargado de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, magistrado Ovidio Claros, advirtió que el Consejo seccional debe abrir una investigación inmediata para establecer si hubo o no irregularidades en esta feria de las prisiones domiciliarias. Por estos casos, la representante del Ministerio Público apeló las decisiones del juez Latorre Silva y lo denunció ante el Consejo de la Judicatura por haber concedido la prisión domiciliaria a la señora Méndez Dussán sin que aún estuviera detenida. A su turno, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Alberto Poveda, le pidió al Fiscal General, Eduardo Montealegre, que designe una comisión especial para que investigue estas denuncias. El titular del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas, Luis Alejandro Pinilla, respondió por escrito que las decisiones “las tomó un juez encargado” y que las mismas “son objeto de debate”. El juez encargado del que habla Pinilla es el mismo asesor jurídico que labora en su despacho. Prueba sSiga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News