Fiscalía acusó con cuatro delitos a la exgobernadora del Quindío Amparo Arbeláez

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, acusó formalmente a la exgobernadora de Quindío, Amparo Arbeláez Escalante, como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado.

La exmandataria es señalada de tramitar una ordenanza ante la Asamblea Departamental, que le permitió transferir bienes y celebrar un contrato de cesión gratuita de un predio público de 19.527 metros cuadrados con la Asociación Abrazar. 

En ese sentido, se materializó la entrega del terreno a la entidad privada con las escrituras públicas 2686 del 12 de diciembre y 2853 del 29 de diciembre, ambas de 2007. Dichos documentos fueron registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos el 4 de enero de 2008.

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El bien cedido, ubicado en la variante del municipio de Calarcá (Quindío), fue destinado para poner en funcionamiento la sede de la asociación beneficiada e incluyó el estadio de fútbol Guillermo Jaramillo Palacio, desconociendo la ordenanza departamental que no autorizó la transferencia del escenario deportivo, según se argumentó desde el ente acusador. 

Sin embargo, en el curso de la investigación se conoció que el particular sacó provecho del recinto y asumió su administración. Por orden judicial, el estadio fue restituido a Calarcá el 28 de abril de 2022.

El abogado apoderado de Arbeláez Escalante, Edwin Anmanyer Rojas, indicó que este proceso penal es un reproche que el titular de la acción le realiza a la acusada por pensar en los niños más desfavorecidos del Quindío. Manifestó que nunca se lucró de ese lote cedido. 

“Siendo esto cientos de niños y familias que hoy no tienen un servicio interdisciplinario, lo que sí tenían años atrás. Ese servicio contaba con fisioterapia, trabajo social, psicología, odontología y otras especialidades que se prestaban de manera gratuita en ese entonces y hoy no. Dicho de otra manera, no se presta por parte del Estado y el particular que lo brindaba, igualmente está siendo perseguido por el mismo Estado. En otras palabras, mi representada no se lucró de ese lote cedido”, argumentó el abogado defensor.

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El profesional del derecho expresó que se hará ver este proceso como injusto ante la Corte Suprema de Justicia. “Se puede calificar ese proceso como injusto y así se hará ver ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que seguramente tendremos una sentencia que favorecerá los intereses de la persona que acá represento”, precisó Edwin Anmanyer.

Según la Fiscalía, producto de estas actuaciones quedaron en evidencia otras posibles anomalías como la autorización que se dio para ceder a una entidad privada un predio de uso público, que realmente pertenecía al municipio y no al departamento, aspecto que generó un detrimento patrimonial superior a 12.100 millones de pesos.

De igual manera, el ente investigador señaló que hay ausencia de estudios de conveniencia para la donación del inmueble e inconsistencias en la documentación y requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá, situación que presuntamente indujo en error a los funcionarios que protocolizaron la tradición del predio.

El abogado Edwin Rojas, señaló que, para el primer semestre del próximo año, serán convocados a audiencia preparatoria.

Fuente: Sistema Integrado de Información