Audiencia de medida de aseguramiento contra alcalde de Riohacha fue aplazada para el miércoles

Por solicitud de los abogados defensores del alcalde de Riohacha y su secretaria de educación,  la audiencia de medida de aseguramiento fue aplazada para el próximo miércoles.

Los abogados de la defensa le solicitaron  al juez de control de garantías dos días para estudiar el expediente de sus defendidos el alcalde de Riohacha Fabio Velásquez y la secretaria de educación Dilcey Acosta.

Durante la imputación de los cargos, la fiscal del caso le solicito al juez que debido a la gravedad de losy delitos cometidos por estas dos personas las enviará a un centro de reclusión.

Los cargos

La Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales contra el alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez.

El organismo investigador también le imputó el delito de peculado por apropiación en favor de terceros a la secretaria de Educación de la capital de la Guajira Dilcey Acosta Novelis investigada por presuntas irregularidades en los contratos para el programa de alimentación escolar de la Guajira.

La Fiscal del caso reveló que entre las irregularidades encontradas en este convenio se estableció duplicidad de nóminas que supuestamente se le pagó a las manipuladoras de alimentos y las cantidades de alimentos que se les debía entregar a los menores no era el acordado, para el total de niños que iban a estudiar.

El contratista de las manipuladoras de alimentos les pagada 125 mil pesos mensuales y llenaba las planillas de control como si les hubiera pagado 425 mil pesos.

La secretaria de Educación de Riohacha hizo desembolsos por $ 3.269.585 durante el 2016 a la empresa Asocar contratada para la fabricación y entrega a los niños de los refrigerios y almuerzos.

Legalización de Captura

Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó la captura del alcalde de la ciudad de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira, y el de su secretaria de Educación, Dilcey Acosta Novelis, tras haber sido capturados en un gigantesco operativo que realizó la Fiscalía en esa región del país.

Estas dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en las irregularidades de los contratos para el programa de alimentación escolar de la región que podría afectar a unos 24 mil menores.

La diligencia de imputación de cargos por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales se realizará esta tarde en los juzgados de Paloquemao, mientras se conoció que por estos hechos, podrían recibir condenas superiores a los 20 años de prisión.

Esto se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación adelantara un un gigantesco operativo contra la corrupción y presuntas irregularidades en las elecciones locales y regionales en La Guajira, que involucran también al gobernador seccional, Wilmer González y a otros funcionarios públicos de la región.

Según explicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al gobernador González se le formularán cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y corrupción al sufragante.

Al alcalde de Riohacha, Velásquez Rivadeneira (capturado en las horas de la mañana), se le investigará por presunta corrupción en contratos. (Lea aquí: Fiscalía cumplió con captura de alcalde de Riohacha: MinInterior)

“Durante el acompañamiento realizado por la entidad, con el fin de evitar posibles actos de corrupción, se logró evidenciar maniobras concertadas que presumiblemente afectaron la transparencia de la jornada electoral”, dijo el Fiscal General.

Martínez señaló que la audiencia fue reprogramada para el próximo 9 de febrero.

Por este mismo proceso la Fiscalía imputará cargos contra la concejal de Maicao, Silbelly Solano Iguarán.

El fiscal general señaló que dentro de esta misma investigación será imputado otro grupo de concejales de la región y particulares.

Corrupción en alimentación escolar

El fiscal Martínez había confirmado en las primeras horas de este viernes la captura de Fabio David Velásquez Rivadeneira, alcalde de Riohacha (capital de La Guajira) y de Dilcey Acosta Novelis, secretaria de educación de este municipio.

Los hechos que se le imputan son irregularidades que ascenderían a cerca de mil 200 millones de pesos en un contrato de programa de alimentación escolar.

Los capturados serán procesados por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

El polémico contrato fue suscrito entre el alcalde de Riohacha y el representante legal de la Asociación Social del Caribe, ASOCAR, por más de 5.700 millones de pesos que buscaban atender con el beneficio del programa de alimentación escolar a cerca de 24 mil menores.

El fiscal Martínez dijo que continúan los operativos de captura contra otros servidores públicos y particulares por estos hechos.

A imputación exgobernadora Oneida Pinto

La Fiscalía también imputará ante el Tribunal Superior de Bogotá a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del contrato que tenía por objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, La Guajira, cuando se desempeñaba como alcaldesa.

La Fiscalía estableció que este contrato que ascendió más de 16.800 millones de pesos fue celebrado por Oneida Pinto antes de que abandonara su cargo de alcaldesa para iniciar su campaña como candidata a la Gobernador de La Guajira.

Corrupción para atención del dengue

De igual forma la Fiscalía imputará cargos contra el exgobernador de La Guajira José María Ballesteros por un contrato suscrito con la Organización sobre las causas de la enfermedad del dengue en el departamento.

El fiscal Martínez advirtió que este convenio que está en la mira de las autoridades ascendió a más de 17.500 millones de pesos.

Por este escándalo la Fiscalía también le imputará cargos al exsecretario de Salud de La Guajira, Gonzalo Araujo Daza; al exasesor de la gobernación Marco Luis Pedraza y el contratista Fredy Alexander Díaz Quijano.

Ante la gravedad de todos estos procesos, el fiscal general le solicitó al presidente Juan Manuel Santos la adopción de medidas “audaces y extraordinarias” que permitan la reconstrucción del tejido institucional de La Guajira.

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