Gobierno pide archivar Reforma a la Justicia

Igualmente, el Gobierno advierte la inconveniencia que tendría para el país la convocatoria que está haciendo la sociedad civil organizada de un referendo derogatorio y señala que para que ello ocurra, la reforma debería haber sido promulgada, es decir publicada en el diario oficial. En un principio, el Gobierno sustenta el por qué acude a la figura de la objeción y analiza las diferentes causas por las cuales “todo el proyecto se tornó inconveniente”. “La duda de la legitimidad que se tiende sobre el proyecto afecta no sólo las normas objetadas, sino toda la reforma, por lo que, en esas condiciones, resulta inconveniente que la reforma sea enmendada por el Congreso”. El escrito del Gobierno agrega que la “sospecha de ilegitimidad que pende sobre el proyecto ha provocado, incluso, el levantamiento de propuestas populares (referendo revocatorio) que buscan alternativas jurídicas para revertir esta iniciativa”. Sobre la iniciativa de organizaciones civiles y partidos de oposición, señala el documento que “el referendo revocatorio podría derivar en la pérdida de vigencia de las normas modificadas por el Congreso, es claro que para ello ocurra la reforma debe haber entrado en vigencia, con todas las consecuencias negativas que esa condición conlleva”. “Adicionalmente, la necesidad de agotar ciertos procedimientos de recolectar firmas y de organizar una jornada electoral para consultar la voluntad popular dilatarían en el tiempo la decisión final respecto de reformas constitucionales no necesariamente impopulares, sino abiertamente voluntarias del tramité de reforma a la Constitución”, precisa. Sobre la decisión de la objeción el Gobierno señala que lo hizo “con la convicción de que existen argumentos jurídicos serios, defendibles, de contenido sustancial y hondo peso constitucional, para considerar que un proyecto violatorio en grado sumo de los parámetros constitucionales de reforma puede ser sometido a este procedimiento, novedoso, por cierto, pero absolutamente necesario e indispensable para garantizar la defensa del máximo paradigma jurídico del país”. Al referirse a las objeciones aclara que “la objeción gubernamental contra el proyecto de acto legislativo no impone el criterio del Gobierno sobre la voluntad democrática, representada en el Parlamento”. Sobre el contenido de las objeciones, las hay de dos tipos; las objeciones por inconstitucionalidad y las objeciones por inconveniencia. En las de inconstitucionalidad se destaca lo incluido en el artículo 235 de la Constitución, en donde se establecían los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia y destaca que se violó el principio de consecutividad. Al referirse a la Pérdida de Investidura, precisa que “el texto aprobado en los primeros (3) debates, no consta con la figura de suspensión de investidura, ello solo se consideró en la ponencia del 4 debate”. Finaliza el escrito que “el Gobierno Nacional devuelve con objeciones al Congreso el acto respectivo, toda vez que en el trámite de sus disposiciones y en el contenido de las mismas se observan serias deficiencias jurídicas y de conveniencia que atentan gravemente contra el orden constitucional y la seguridad jurídica de los colombianos”.Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News