Imputan cargos a contratistas de siete cárceles de Colombia, entre ellas una de Florencia
La Fiscalía Décima de la Unidad Nacional Anticorrupción le imputó a Diana Nassif de Rima y Santiago Porras, la presunta coautoría de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo, cometidos durante el proceso de contratación para el suministro de elementos de seguridad para varias cárceles del país a un costo de 53 mil millones de pesos.
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Imputan cargos a contratistas de siete cárceles de Colombia,
Foto: Archivo RCN
En audiencia pública ante el Juzgado 19 Penal Municipal de Bogotá, con función de garantías, la fiscal del caso aseguró que los hechos ocurrieron en noviembre de 2008, cuando el Ministerio del Interior y de Justicia adjudicó un contrato por dos años, para el suministro, la instalación, el desarrollo, la puesta en servicio y el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electrónicos de seguridad en siete cárceles del país entre ellas, una de Florencia.
De acuerdo con la delegada Fiscal, la señora Nassif de Rima como representante legal suplente de la firma de Unión Temporal Cárceles 2008, presentó aparentemente documentos sin el lleno de los requisitos de idoneidad, solidez técnica y financiera con la finalidad de fracasar en el proceso licitatorio en beneficio de otro proponente.
Sostuvo la delegada del ente acusador que no se presentaron los certificados de idoneidad o de existencia de las sociedades y firmó como suplente, desplazando al titular de la Unión Temporal, quien dijo que nunca dio la autorización de presentar la propuesta”.
Afirmó que el proceso de adjudicación ha causado a la fecha un detrimento patrimonial al Estado colombiano superior a 37 mil millones de pesos, tras un avance de tan solo el 15 por ciento de las obras desde el año 2010. En los establecimientos carcelarios se han detectado cámaras de video, sillas, exclusas obsoletas y cables que han sido apropiados por los internos, añadió.
Por las irregularidades detectadas en el proceso licitatorio, la Superintendencia de Industria y Comercio ya impuso sanción a las empresas que incurrieron en competencia desleal y se espera el fallo de segunda instancia.
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