¡Ojo! Ya no es obligatorio poner primero el apellido del padre: así funciona la nueva ley

Durante décadas, el orden de los apellidos parecía una regla inamovible. Hoy, un cambio legal empieza a darle otro rumbo a la forma en que se nombran los recién nacidos en Colombia, con un impacto que va mucho más allá del registro civil.

Con la entrada en vigencia de la Ley 2129 de 2021, el país dio un paso importante al permitir que el orden de los apellidos sea definido por acuerdo entre los padres. Esto significa que el apellido de la madre puede ocupar el primer lugar en el registro civil de nacimiento, una posibilidad que durante décadas estuvo relegada por una tradición legal establecida.

¿Qué pretende este cambio?

Durante generaciones, el sistema legal colombiano priorizó el apellido paterno como regla general, una práctica heredada de estructuras sociales que otorgaban mayor peso al linaje masculino. Sin embargo, esta nueva normativa reconoce que las dinámicas familiares han cambiado y que la identidad de los hijos también puede construirse desde la igualdad de género.

La ley establece que, al momento de registrar a un recién nacido, los padres pueden decidir libremente si el primer apellido será el de la madre o el del padre. 

Esta elección quedará consignada en el registro civil y se reflejará en todos los documentos oficiales del niño o la niña a lo largo de su vida, desde la tarjeta de identidad hasta la cédula de ciudadanía.

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es que no impone un nuevo orden obligatorio, sino que amplía las opciones. Es decir, no elimina la posibilidad de que el apellido paterno vaya primero, pero sí elimina su imposición automática.

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¿Qué ocurre si no hay acuerdo?

La legislación también prevé los escenarios en los que los padres no logran ponerse de acuerdo sobre el orden de los apellidos. En estos casos, la Registraduría Nacional del Estado Civil será la encargada de definirlo mediante un sorteo, un mecanismo que busca evitar que alguno de los apellidos tenga prioridad por razones de género.

Este procedimiento tiene como objetivo proteger el derecho fundamental del menor a la identidad y evitar que las diferencias entre los padres retrasen su registro civil, un documento clave para acceder a otros derechos como la salud, la educación y la protección social.

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