Iglesia católica pide intervención del Gobierno en crisis humanitaria sufrida en Buenaventura

Durante las últimas semanas, las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo han sostenido enfrentamientos por el control territorial del Bajo Calima en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, lo cual ha dejado en riesgo a decenas de familias.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, cerca de 516 familias se han visto afectadas por las disputas de los actores armados. En medio de esta situación, comunidades afrodescendientes e indígenas se han visto obligadas a mantenerse dentro de sus viviendas para evitar ser víctimas de los ataques.

“Hemos constatado la ocurrencia de asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado de menores de edad, graves hechos de violencia sexual, especialmente contra mujeres y niñas, uso de drones para realizar ataques indiscriminados y ocupación de viviendas y bienes civiles por parte de los grupos armados ilegales”, afirmó la Defensoría del Pueblo.

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Ante ello, el monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro con el objetivo de frenar esta escalada de violencia en el litoral pacífico, la cual amenaza con convertirse en una crisis humanitaria si no se toman medidas al respecto.

"La vida y la dignidad de nuestros hermanos de las colonias del Bajo Calima se encuentra en peligro, es por eso que hoy levantamos nuestra voz al cielo para se muevan los corazones de las personas violentas y dejen a la comunidad en paz", afirmó el prelado.

Jaramillo insistió en que las comunidades del pacífico han sido objeto de múltiples vejaciones con el pasar de los años, por parte de múltiples actores, quienes se han encargado de alterar la tranquilidad de quienes habitan estos territorios.

"Los territorios no tienen que llenarse de sangre, los sonidos que deben escucharse es el cantar de las aves, el viento y las risas de los niños, no las balas que infunden terror y miedo. No debemos dejar que el miedo inunde los corazones", indicó el Obispo de Buenaventura.

A su vez, le exigió a las organizaciones criminales que hoy se enfrentan en el territorio, dejar a un lado las acciones que afectan a los pobladores, los cuales son ajenos a las dinámicas de violencia perpetradas en el tiempo.

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"Quiero pedirle a los grupos insurgentes que le están haciendo tanto daño a la comunidad, que respeten la dignidad de este pueblo. ¡Qué Dios nos proteja y nos cuide, que nos haga solidarios con nuestros hermanos en habitan esta zona de Buenaventura", expresó monseñor Rubén Darío Jaramillo.

De igual forma, insistió en que "las autoridades deben actuar con toda la contundencia y así ejercer su compromiso con la defensa de la vida y los bienes de nuestros hermanos. Es compromiso de todos rodear a las autoridades en ese propósito".

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo explicó que "a pesar de que la comunidad fue reconocida como víctima, el confinamiento persiste sin respuesta humanitaria oportuna. Las familias sobreviven sin acceso pleno a alimentos, atención médica, ni garantías de seguridad".

"Por esto hemos solicitado desde el 23 de septiembre a los Ministerios del Interior y de Defensa, a la Gobernación del Valle del Cauca, a la Alcaldía de Buenaventura, a la Unidad para las Víctimas y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acciones urgentes y coordinadas para garantizar el acceso humanitario y la aplicación efectiva que adopta la ruta de atención al confinamiento", reseñó la Defensoría en un comunicado.

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Para la entidad, es pertinente que el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales puedan activar de manera urgente los mecanismos de respuesta humanitaria y así fortalecer la presencia institucional, además de garantizar las condiciones para que los residentes puedan habitar su territorio.

Fuente: Sistema Integrado de Información - Jorge Alejandro Escobar Banderas