Particulares y funcionarios, entre los mayores agresores a periodistas: FLIP

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Periodista  - Libertad de prensa - AFP

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Foto: Foto AFP

Con un incremento del 47 por ciento en comparación con el 2015, el año pasado se reportaron 216 ataques a periodistas que dejaron un total de 262 víctimas. El mayor número de agresiones provinieron de particulares y funcionarios, en ese orden.

El asesinato de periodistas por razón de su oficio desapareció del panorama que debieron enfrentar los comunicadores durante 2016. Sin embargo, los reporteros debieron enfrentar un delito como el secuestro que según Pedro Vaca, director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, volvió a ser un fenómeno violento creciente.

"Es el primero año desde 2008 en el cual no se presenta un asesinato de periodista por razón de su oficio y esto es una buena noticia porque quiere decir que vamos avanzando en mejores condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa", destacó Vaca.

"Pero también se presentaron casos graves como secuestros que era una agresión que se venía presentando en números más bajos, este año se presentaron 7 casos", indicó.

De acuerdo con el informe sobre libertad de prensa que será presentado el próximo 9 de febrero, el año pasado 108 periodistas fueron amenazados, 47 agredidos, 44 sufrieron la obstrucción de su trabajo y 13 fueron tratados de manera denigrante. Lo más preocupante es que el mayor número de agresores identificados son ciudadanos particulares, seguidos por funcionarios y la fuerza pública.

"Cuando un ciudadano agrede a un periodista es algo que se vuelve doblemente triste porque se termina es afectando la posibilidad de que ese ciudadano siga recibiendo información u opiniones con las que incluso puede discrepar, pero en todo caso agredir a la prensa por parte de los ciudadanos es un mal síntoma de un déficit de valores democráticos en Colombia", agregó.

El documento elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa destaca que 147 periodistas actualmente deben ejercer sus labores diarias protegidos por un esquema de seguridad. Esta situación le costó al Estado el año pasado 19 mil millones de pesos.

"No queremos una prensa escoltada, queremos una prensa libre, mientras se amenace a un periodista y se le provea un mecanismo de protección eso es un paliativo porque lo que hay que hacer es encontrar y sancionar judicialmente a los agresores de la prensa", insistió Vaca.

En 2016 se cumplieron 30 años del asesinato de Guillermo Cano. Las tres decadas transcurridas sin avances importantes para lograr justicia en este caso, son el fiel reflejo del panorama de impunidad que para este tipo de hechos llega al 99 por ciento.

"Ya hay un nivel de agotamiento desde la FLIP de declaraciones de buenas intenciones de todos los Fiscales generales desde 1991, quienes publicamente se comprometen a avanzar en investigaciones pero que en la práctica los procesos judiciales que adelantan no arriban a resultados", señaló.

En el informe de 2016 sobre la libertad de prensa se destaca un capítulo especial para las mujeres periodistas. Un total de 33 de ellas fueron víctimas de agresiones. Durante la investigación se encontró que la mayoría de las comunicadoras no denuncian estos casos porque los victimarios son sus fuentes y temen que la impunidad nuevamente las convierta en víctimas.

"Aprendímos a callar a partir de violencia y recuperar la confianza en hablar parte de la superación de la impunidad", puntualizó Pedro Vaca.

De los 153 periodistas asesinados en Colombia desde 1977 hasta la fecha, solo 4 personas han sido condenadas como autores materiales y 27 por su autoría intelectual. Dos condenas por aceptación de cargos en los hechos ocurridos contra la periodista Jineth Bedoya se produjeron en 2016. En el caso de las amenazas, la impunidad es del 100 por ciento.

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