Rama Judicial afirma que reforma al fuero militar afecta la independencia de la justicia

En la comunicación se destaca que la propuesta de suprimir una de las funciones asignadas a la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de un Tribunal de Garantías Penales que “estaría encargado de dirimir los conflictos de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar, esta disposición sería inconstitucional, por cuanto quebranta la autonomía e independencia…y de paso supondría una violación al principio del juez natural e implicaría que el Tribunal de Garantías Penales, al pertenecer a la Justicia Ordinaria operaría como juez y parte para dirimir conflictos de competencia”. Revela la comunicación que en “conversación sostenida con el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, me manifestó que una vez puesta en conocimiento del presidente Juan Manuel Santos la posición de la Comisión en torno al proyecto (aprobado) el Gobierno acompaña la posición de la rama en cuanto a mantener incólume la competencia de la Sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir los conflictos de competencia entre la jurisdicción penal militar y la ordinaria”. Agrega la carta que “estimamos inconveniente la asignación de las funciones electorales previstas en el proyecto aprobado las funciones electorales para que sean las salas de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y la Sala Plena de la Corte Constitucional las encargadas de elegir a parte de los magistrados que conformarían el Tribunal de Garantías Penales”. Es de tener en cuenta que el Consejo de Estado en las últimas horas declaró la nulidad parcial del acto administrativo denominado “Apoyo a la Justicia Penal Militar” que fue suscrito el 14 de junio de 2006 por el Ministerio de Defensa (en el Gobierno de Álvaro Uribe) y la Fiscalía General de la Nación. El Acto, firmado por los entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, y el fiscal Mario Iguarán Arana, establecía el procedimiento que se debía seguir para investigar las muertes que se presenten con ocasión de las operaciones que realizan las fuerzas militares. Dicha disposición dejaba en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía la facultad para decidir si la investigación de un hecho era competencia de la justicia penal militar o de la justicia ordinaria. La ponencia de la magistrada María Elizabeth García González recordó que los hechos que se presenten con ocasión de las operaciones de las fuerzas militares, donde presuntamente se puedan cometer delitos, involucran a miembros activos de la fuerza pública y guardan relación con el servicio, por lo que serían competencia de la Justicia Penal Militar.Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News