Solo el 18 % de las solicitudes de protección a personas en riesgo fueron atendidas, advierte la Contraloría

La Contraloría General de la República advirtió que apenas el 18 % de las solicitudes de protección realizadas por grupos y comunidades en riesgo fueron atendidas de forma efectiva entre 2019 y 2023, a pesar de que en 2023 se destinaron más de $1,2 billones para este fin.

Así lo reveló el estudio sectorial 'Análisis de la Implementación de la Ruta de Protección a Grupos y Comunidades en Riesgo', elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad.

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La Contraloría identificó una débil articulación interinstitucional, dificultades de acceso en territorios apartados y una concentración del gasto en medidas individuales.

En 2023, el 93 % del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se destinó a esquemas individuales, y solo el 7 % a acciones colectivas, pese a su mayor impacto y costo-eficiencia.

Entre 2019 y 2024, la UNP ejecutó $6,3 billones, solo el 0,4 % ($6.998 millones) fue destinado a proyectos de inversión para fortalecer la entidad. En 2022, se invirtieron $1,8 billones, de los cuales el 77,7 % se usó para bienes y servicios como escoltas, vehículos y chalecos antibalas.

“Nos dan un chaleco, pero no detienen a quienes nos amenazan”, señaló un representante indígena del Cauca al tiempo que destacó que también se evidenciaron fallas en la aplicación del enfoque diferencial.

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Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre 2019 y 2024 fueron asesinados 1.068 líderes sociales, con un pico de 215 casos en 2022. Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Putumayo y Bogotá concentran los mayores niveles de violencia y solicitudes de protección.

La Contraloría hizo un llamado urgente a mejorar la articulación institucional y redirigir recursos hacia esquemas colectivos que garanticen el derecho a la vida y la defensa del territorio.

Fuente: Sistema Integrado de Información