Gobierno dice que comunidad incumplió acuerdos en El Plateado y agredió de nuevo a la Fuerza Pública

El Gobierno Nacional ha intensificado sus acciones en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, con el objetivo de transformar la realidad de la población afectada por décadas de abandono estatal y presencia de grupos armados ilegales. 

Actualmente, el Estado ha destinado más de $500.000 millones en programas de desarrollo enfocados en educación, salud e infraestructura. Sin embargo, el 65% de la población sigue en condiciones de pobreza extrema, mientras que la violencia ha aumentado en un 30% en el último año debido al control que ejercen grupos armados sobre economías ilegales.  

El Ministerio de Defensa ha intensificado operativos militares para recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de la población civil. Estas acciones buscan contrarrestar el avance de estructuras ilegales que se consolidaron su poder mediante el narcotráfico y la violencia.

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No obstante, el Gobierno ha insistido en que la única solución sostenible es una intervención social integral, con la articulación de todas las instancias estatales para generar transformaciones estructurales.  

Uno de los hechos más recientes que ha puesto a prueba esta estrategia ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando, gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y la MAPP-OEA, lograron la liberación de 29 miembros de la fuerza pública que estaban retenidos en la zona de El Plateado. Sin embargo,  el Gobierno denunció que horas después, un grupo de personas agredió nuevamente a los uniformados, exigiendo su retiro del territorio.  

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A pesar de estos incidentes, el Gobierno mantiene su voluntad de diálogo y reafirmó que este martes se reunirá en Popayán con representantes de la comunidad en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, con el fin de construir soluciones conjuntas que permitan erradicar la violencia en el Cañón del Micay.  

Desde el Ministerio del Interior se ha reiterado que la presencia del Estado en la región es permanente y que la oferta institucional seguirá fortaleciéndose para garantizar condiciones dignas para la población.

"Los actores armados ilegales solo buscan perpetuar el miedo y la violencia. El Estado no permitirá que esto continúe", señaló la entidad en un comunicado.  

Finalmente, el Gobierno enfatizó que su estrategia se basa en la inversión social como herramienta clave para generar oportunidades y reducir la influencia de grupos al margen de la ley, asegurando que la intervención en el Cañón del Micay no solo es una respuesta militar, sino un compromiso a largo plazo con el bienestar de sus habitantes.

Fuente: Sistema Integrado de Información