Gobierno suspende aval indígena para explotación minera en la Amazonía
Según denuncias de comunidades, el resguardo indígena de Inírida violó los acuerdos con el Ministerio de Ambiente.
Susana Muhamad, Ministra de ambiente
Foto: Camila Díaz - Sistema Integrado Digital RCN Radio
El Ministerio de Ambiente tomó acciones para frenar la sustracción de más de 1.000 hectáreas en Guainía, aprobada por el cabildo indígena local para la explotación de oro.
La decisión del resguardo generó un choque de competencias con el Gobierno Nacional, luego de que en enero de 2025 negó la autorización para la actividad minera en la zona, considerada un ecosistema estratégico para la humanidad.
El conflicto se originó en octubre de 2024, cuando el Ministerio de Ambiente expidió un decreto que otorgaba facultades a las comunidades indígenas para decidir sobre el uso de su territorio.
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Sin embargo, esa entidad aclaró que esa norma no les permite emitir actos administrativos como el que avaló la sustracción de tierras, en los alrededores de los cerros de Mavicure.
Ante la aprobación por parte del cabildo, el Gobierno calificó el acto como ilegal y anunció que tomará medidas para suspenderlo y demandarlo ante un juez competente. El Ministerio de Ambiente reafirmó que la negación de la sustracción se mantiene y que continuará ejerciendo su autoridad sobre el manejo de los recursos naturales en la región.
La Amazonía es un ecosistema clave en la regulación del clima global, la producción de oxígeno y la provisión de agua dulce. Su conservación es fundamental para enfrentar la crisis climática y preservar la biodiversidad.
Expertos ambientales advierten que la actividad minera en la zona podría generar daños irreversibles en los ecosistemas, afectando tanto la fauna como las comunidades que dependen de ellos.
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Ante la problemática de poderes y liderazgos en el territorio y mientras se resuelve el choque de competencias, el Ministerio de Ambiente insiste en que la explotación minera en la región no fue aprobada y que las decisiones sobre el territorio deben alinearse con la normativa ambiental vigente.
Los defensores ambientales y diferentes movimientos, señalan que el abuso de poder por parte de los resguardos indígenas puede incrementarse por el desconocimiento de las reglas establecidas en el acuerdo con el Ministerio de Ambiente.
Fuente: Sistema Integrado de Información
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