Suspenden cierre de tramo en la vía Bogotá-Girardot

El abogado de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Ibáñez, reveló en RCN La Radio que la entidad ofreció negociar con los dueños del predio para acordar un precio, tras garantizar que no se permitirá el cierre de la vía, anunciado inicialmente para este martes. "Señalamos que no importa el fallo judicial que esgrimen los propietarios del predio. Esto no dejará de ser una vía pública por ninguna razón. Tendremos que sentarnos a negociar con las personas, pero por ninguna razón la van a cerrar", anotó. En el mismo sentido se pronunció en vicepresidente de Infraestructura de la ANI, Édgar Chacón. "Lo que se ha decidido con la ANI es que la vía no se puede cerrar... Es de uso público y ningún particular puede tomar el derecho por su mano. Estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia culmine el proceso correspondiente, pero mientras eso sucede la vía permanecerá en funcionamiento", subrayó Chacón. Por su parte, el abogado defensor de los propietarios del predio, Carlos Peña, sostuvo que se ha cometido una arbitrariedad por parte de la ANI al desconocer un fallo judicial. "Hoy perdió la justicia. Los fallos del Tribunal Superior de Bogotá fueron burlados por los funcionarios de la ANI. Ruego al Consejo Superior de la Judicatura que se pronuncie oficialmente sobre el proceso", anotó Peña. De otro lado, el ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, afirmó que no se permitirá el cierre de la vía por parte de los propietarios del lote. Tras este anuncio, la Policía permanece en el sector de El Paso, sobre el río Sumapaz, en jurisdicción del municipio de Carmen de Apicalá, en el Tolima, para evitar el eventual bloqueo de la carretera. "Allí hay una arbitrariedad; solicitamos a la Policía de Carreteras que no permita el cierre porque habría una extralimitación... Allí prima el bien particular sobre el bien común", sostuvo Peñaloza. "Le di la orden a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Policía de Carreteras... porque la justicia colombiana prevé varias instancias", indicó. Señaló que "acudimos a la acción tutela y no la aceptaron, y ahora acudimos a la Corte Suprema de Justicia.. Estamos esperando la decisión", sostuvo el ministro Peñaloza. Entre tanto, el abogado de los dueños del predio, Carlos Peña, explicó en RCN La Radio que todo comenzó en 1989, cuando el contratista Imregilo y el subcontratista Carreteras y Pavimentos Caipa Ltda adquirieron unos terrenos para construir esa variante, pero nunca cumplieron el contrato que por entonces era de 330 millones de pesos. Tras las demandas, el Juzgado 22 de Bogotá dio la razón a los reclamantes y hasta ahora la suma a pagar por los contratistas asciende a 8 mil millones de pesos. Por lo tanto, el abogado Peña aseguró que hasta cuando reciban estos dineros levantarían las cercas y las polisombras, por cuanto iniciarán la explotación de una cantera en ese lugar. En consecuencia, los vehículos particulares, de transporte público y tractomulas que se desplazan desde Bogotá hacia El Espinal, Ibagué y Neiva deberán entrar obligatoriamente a Girardot, al igual que los automotores que se movilizan desde El Espinal hacia la capital colombiana. Previamente la Contraloría General de la República había anunciado que indagará la posible responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Transporte que permitieron construir un tramo de la doble calzada a Girardot, sobre una propiedad privada. El Contralor delegado para infraestructura, Nelson Izáciga, anunció la apertura de una investigación preliminar por este caso. El organismo intentará establecer si se presenta o no un posible detrimento patrimonial en este caso, en el que el demandante pide 8 mil millones de pesos para permitir que se siga utilizando la carretera.Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News