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Tumban fallo que ordenaba pagar más de 2 mil millones de pesos a piscicultores de La Boquilla

La sala segunda de decisión del tribunal administrativo de Bolívar dejó sin efecto una millonaria demanda de reparación directa fallada en primera instancia por un juzgado administrativo de Cartagena a favor de un grupo de piscicultores de la boquilla que estaban explotando terrenos de baja mar, en la margen izquierda del anillo vial.

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Tumban fallo que ordenaba pagar más de 2 mil millones de pes

Tumban fallo que ordenaba pagar más de 2 mil millones de pes

Foto: Archivo RCN

Los demandantes Luis Manuel Alcázar Mendoza y Carlos Eduardo Carmona Morales, pretendían que se declara la responsabilidad civil extracontractual del Distrito de Cartagena y se le obligara a pagar más de 2 mil 500 millones de pesos por daño emergente y lucro cesante, por ordenar la demolición de varios criaderos de Sábalos que fueron construidos ilegalmente. La decisión fue celebrada por Rafael Vergara navarro, quien fungía en ese tiempo como director del Departamento Administrativo del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Cartagena, Damarena. “Aquí hay un concurso de delitos que la fiscalía tienen que definitivamente investigar y tiene que explicar porque si se denunció en su tiempo no hicieron nada, dando como consecuencia este desgaste para la justicia y éste riesgo que se incurrió de que el Distrito tuviera que pagar millones. Por fortuna hubo seguimiento y por fortuna actuó de esta manera tan impecable e implacable el Tribunal Administrativo quitándoles la posibilidad de ganar un dinero que de ninguna manera tenían derecho a él”, dijo Vergara Navarro. A juicio de la sala, los dueños de los criaderos si estaban obligados a soportar los daños ocasionados en virtud del desalojo ordenado por el Distrito, teniendo en cuenta que ellos mismos propiciaron las actuaciones desplegadas por la administración para recuperar los bienes de propiedad del estado. Recordemos, que en una decisión de primera instancia el juzgado séptimo administrativo de Cartagena, en sentencia del 25 de enero del 2011, declaró la responsabilidad administrativa de la alcaldía distrital por presunta vulneración del debido proceso ya que el desalojo y demolición ordenada el 7 de marzo de 2001 se hicieron sin previa notificación a los demandantes Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp
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