Un juzgado administrativo de Caldas, ordenó la liquidación de la sociedad Manizales-Segura

La jueza séptima administrativa de descongestión, Sandra Milena Rincón Sánchez, le ordenó al municipio de Manizales adelantar las gestiones para que en menos de seis meses, liquide y disuelva la sociedad Manizales Segura. La decisión que se da luego de una acción popular, le ordena igualmente a la alcaldía rendirle cuentas públicas a los manizaleños de los resultados, forma y procedimiento del mencionado proceso liquidatorio de la sociedad creada para cobrar el impuesto al teléfono. Si bien las pretensiones del demandante (Enrique Arbeláez Mutis) eran suspender ese impuesto o montar un cai en cada comuna de la ciudad, la jueza las negó pero detectó la vulneración de otros derechos colectivos, por ejemplo, a la moralidad administrativa y al patrimonio público. Para la funcionaria judicial, fueron notorias las irregularidades administrativas, tras la indebida inversión y destinación de los recursos obtenidos del impuesto al teléfono, y resaltó la compra de motocicletas entregadas a la policía nacional en un contrato sin estudios previos de mercado, para obtener información Costo-beneficio, las cuales además presentaron aberrantes fallas técnicas, provocando un enorme daño patrimonial. La juez Sandra Milena Rincón, reprochó igualmente los millonarios gastos de Manizales Segura en campañas publicitarias, sin ninguna justificación o soporte; aunado a esto se tiene lo ocurrido con las cámaras de vigilancia entregadas por el municipio a Manizales Segura y que no se encuentran en funcionamiento. En el fallo, agrega que fue incorrecta la labor gerencial de la Sociedad Manizales Segura; fue inactiva la labor del primer socio gestor, en la consecución de nuevos ingresos que permitieran el sostenimiento administrativo; la falta de rentabilidad y la carencia de la facturación de Manizales Segura desde el año 2006, has la fecha. En consecuencia de lo anterior se dispuso que el municipio reasuma la gestión del proceso de cobro, administración e inversión de los recursos que por concepto del impuesto al teléfono, se recauden en esta municipalidad y rendirles cuentas a los contribuyentes sobre esas inversiones, pasados 12 meses desde cuando el mencionado ente territorial, asuma la administración y recaudo del impuesto. El Juzgado séptimo administrativo expidió copia de este fallo de primera instancia, a la Contraloría General de la República, a la Contraloría del municipio de Manizales y al Juzgado Séptimo penal del circuito, donde también cursa un proceso en contra de los actores de Manizales Segura como son el exalcalde Luis Roberto Rivas Montoya, el exgerente de Manizales Segura Ariosto Montoya, el exsecretario de Gobierno Julián Andrés Vasco, entre otros. Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News