Violencia intrafamiliar en comunidades indígenas debe ser llevada a la jurisdicción ordinaria

Explica la decisión con ponencia del magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago que aunque el procesado y la víctima pertenecen a la comunidad indígena de Guachucal y los hechos ocurrieron en ese reguardo, "por tratarse de una conducta de valor Constitucional como la violencia intrafamiliar y que no es inherente a la cultura indígena, su conocimiento debe asignarse a la justicia ordinaria, y llevar el caso al Juez Promiscuo Municipal de Cumbal, Nariño". "El delito del que se acusa al sindicado es el de violencia intrafamiliar, el cual actualmente dejó de ser querellable precisamente por la trascendencia social que genera, en tanto se busca proteger a la parte más débil del hogar, esto es la mujer. Si bien las comunidades indígenas legalmente establecidas tienen el derecho de juzgar a sus congéneres, tal prerrogativa se pierde cuando se trata de proteger un valor constitucional superior, como lo es, por ejemplo y para el caso en particular, el de la dignidad humana" , señala la sentencia. Destaca el fallo que la dignidad humana es base fundamental del actual ordenamiento jurídico, a la que debe dársele la importancia para que permanezca inalterada ante cualquier situación, sin distingo de raza, religión, sexo, creencias y color, derecho que está asociado indisolublemente con el de la vida. Dice la Judicatura que aunque en Colombia se respetan los derechos de las minorías y las facultades de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales, esas facultades no son absolutas, ya que tiene como límite el valor supremo de asegurar la unidad nacional "y ello se logra mediante la observancia de los principios fundamentales de la República, entre los que se incluyen la dignidad humana". "Este delito actualmente es de gran transcendencia, pues se viene presentando constantemente, al punto que es monstruosa la violencia que en Colombia se ejerce contra la mujer como si se tratara de un país de bárbaros, en donde ha brillado la impunidad, así, en forma continua los periodistas presentan casos aberrantes de hombres que agreden violentamente a sus compañeras, conductas que el Estado Colombiano no puede permitir en ninguna parte de su territorio", puntualiza. Recalca la decisión que "de asignarse el conocimiento de la investigación del delito de violencia intrafamiliar del cual se acusa al comunero Cuaces Tutalcha, a la comunidad a la cual pertenece, sería tanto como patrocinar la impunidad, pues nótese que la ofendida, según lo afirmó, lleva 42 años siendo objeto de maltratos físicos, sin que las autoridades indígenas hayan tomado cartas en el asunto, y es claro que es un derecho de la víctima que se juzgue a su agresor, y es deber del Estado protegerla". Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappSiga las noticias de RCN Radio en Google News