¿Cuánto costará la consulta popular que planea Petro?

El presidente Gustavo Petro anunció su intención de llevar a consulta popular las reformas laboral que está impulsando su gobierno, ya que no han tenido un trámite exitoso en el Congreso. Sin embargo, este mecanismo constitucional no solo requiere la participación de un número significativo de ciudadanos para ser válido, sino que también representa un desafío económico considerable para el país.

Así las cosas, ha surgido una duda en torno a la cifra que costaría el poder desarrollar el proceso de una consulta popular como la que quiere realizar el gobierno Petro. 

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Cuántos millones costaría hacer la consulta popular que quiere Petro 

Según explicó Juan Manuel Ramírez M., profesor adjunto de la Universidad del Rosario, el costo de una consulta popular depende de la manera en que se realice. Si se lleva a cabo como una jornada exclusiva, es decir, un domingo dedicado únicamente a la votación de la consulta, los gastos podrían ser similares a los de una elección presidencial o legislativa. 

"Las elecciones de Congreso pueden llegar a costar entre 250 000 y 300 000 millones de pesos", señala el experto, destacando que esta cifra se debe a la necesidad de habilitar puestos de votación en todo el país.

Un antecedente relevante es la consulta anticorrupción de 2018, cuyo costo ascendió a cerca de 300 000 millones de pesos. "Si se organiza una consulta de manera independiente, su costo podría ser similar, ya que se requieren recursos para logística, material electoral y tecnología de verificación", explica Ramírez M.

No obstante, Juan Carlos Galindo, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana y exregistrador nacional, advierte que la cifra podría ser aún mayor. "Una consulta popular del orden nacional como la que ha anunciado el Gobierno podría estar costando entre 500 000 y 600 000 millones de pesos, solo en lo que corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil", señala.

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El costo no se limita únicamente a la organización electoral. Galindo explica que "en el proceso participan otras autoridades, como las fuerzas militares y la Policía, lo que añade gastos adicionales". Además, si el gobierno decide promover una campaña para incentivar el voto por el "sí", este sería otro rubro a considerar dentro del presupuesto.

Alternativa para reducir costos

Una opción para disminuir el impacto económico sería incorporar la consulta en una jornada electoral ya prevista, como las elecciones legislativas del primer trimestre de 2026. En este escenario, los costos adicionales serían menores, ya que se aprovecharía la infraestructura existente. "Se adicionaría un tarjetón y una urna dentro del mismo proceso electoral, lo que reduciría significativamente los gastos", señala el académico.

No obstante, aunque esta alternativa minimiza costos, sigue representando una carga financiera para la Registraduría, entidad que ha sufrido recortes presupuestarios. "El presupuesto de la Registraduría hoy está sobre los 800 000 millones de pesos, lo que apenas le permite llevar a cabo el proceso electoral de la Presidencia", advierte Ramírez M.

Un desafío financiero para el Gobierno

Dado el panorama fiscal actual, cualquier decisión de avanzar con la consulta popular requeriría una adición presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda. "Si el Gobierno impulsa este proceso, deberá garantizar recursos adicionales para la Registraduría, asegurando que se cuente con la infraestructura necesaria", enfatizó el Ramírez.

Así, mientras el presidente Petro insiste en la consulta como una vía para salvar sus reformas, el debate sobre su viabilidad financiera se convierte en un punto clave. La decisión de someter a votación las reformas no solo depende de la voluntad política, sino también de los recursos disponibles para hacerla posible sin afectar el presupuesto electoral del país.

Plazos y requisitos legales

El proceso para convocar la consulta popular implica varios pasos. Según Juan Carlos Galindo, el gobierno debe presentar la solicitud al Senado con la firma de todos los ministros. "El Senado tendría 30 días para manifestar si aprueba o no la consulta. En caso de avalarla, la votación debería realizarse en un plazo máximo de tres meses, un término corto pero establecido por la ley", explica el exregistrador.

Para que la consulta sea válida, debe superar un umbral mínimo de participación: al menos un tercio del censo electoral, es decir, más de 13 millones de ciudadanos deben acudir a las urnas. Además, la opción del "sí" debe obtener más de la mitad de los votos válidos depositados.

Si la consulta resulta aprobada, las preguntas planteadas deben pasar al Congreso, que tendría la responsabilidad de convertirlas en ley. "Si el Congreso no actúa, el presidente podría emitir un decreto ley para incorporarlas directamente en el ordenamiento jurídico colombiano", advierte Galindo.

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Procedimiento Legal de la Consulta Popular

Alexander Reina, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y consultor en temas de gestión pública y procesos electorales, que el proceso para llevar a cabo una consulta popular de carácter nacional está regulado por la ley y sigue una serie de pasos específicos:

• Aprobación del Congreso: El gobierno debe presentar la solicitud ante el Senado de la República con la firma de todos los ministros. El Senado tendrá 30 días para aprobar o rechazar la iniciativa.
• Convocatoria del Gobierno: En caso de aprobación, el Gobierno Nacional cuenta con 8 días para convocar oficialmente la consulta.
• Plazo para la realización: La consulta debe realizarse en un plazo máximo de 90 días desde su convocatoria.
• Votación y umbral mínimo: Para que el resultado de la consulta sea vinculante, debe superar un umbral mínimo de participación. Se requiere que vote al menos un tercio del censo electoral, lo que equivale a aproximadamente 13 millones de ciudadanos.
• Resultados y aplicación: Para que la consulta sea aprobada, la opción ganadora debe obtener la mitad más uno de los votos válidos. En caso de ser aprobada, el Congreso de la República tiene 20 días para tramitar una ley que contemple la decisión tomada por la ciudadanía. Si el Congreso no actúa en ese plazo, el presidente puede emitir un decreto con fuerza legislativa para hacer efectiva la voluntad popular.

Reina también aclara que el presidente no puede convocar una consulta popular para aprobar directamente un texto de un proyecto de ley. La Ley 1757 establece que la consulta debe presentar una pregunta clara y concreta para que los ciudadanos decidan entre un "sí" o un "no". La formulación de la pregunta debe ser objetiva y evitar cualquier tipo de sesgo que pueda influir en la respuesta de los votantes.

Asimismo, se debe considerar que la Registraduría Nacional ha experimentado recortes presupuestales en los últimos años, lo que podría afectar la viabilidad de realizar un proceso electoral adicional sin una adición presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda.

Fuente: Sistema Integrado Digital