Costo fiscal de la paz ascendería a los $20 billones, estima organismo internacional

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Firma de la paz

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Foto: Foto AFP

Un análisis del Instituto Internacional de Finanzas, sobre la reforma tributaria y los gastos de la paz y el posconflicto, proyecta que los compromisos fiscales de la paz pueden costarle al país entre 1 y 2% del Producto Interno Bruto, esto significa cerca de 20 billones de pesos.

El informe, hecho por los economistas María Paola Figueroa y Ramón Aracena, titulado Colombia, le reforma fiscal ayuda pero se necesita más, señala que "los estimados fiscales de paz podrían alcanzar entre 1 y 2% del PIB anual en la próxima década".

Aclara que el gobierno ya incluye cerca del 1% del PIB para la financiación y reparación de las víctimas. En las presiones de gasto también se incluyen los aumentos previstos en el gasto social (salud y educación) y una mayor demanda de inversión en infraestructura.

Este estimativo se presenta en momentos en que el gobierno ultima el plan financiero para el posconflicto, que pretende dar a conocer al país en marzo y que tiene como fuentes principales los recursos internos y la financiación internacional.

El informe señala además que "aunque la reforma tributaria fue fundamental para fortalecer las finanzas públicas, queda un trabajo importante. Retos a mediano plazo que son importantes, sobre todo cuando el país se embarca en la aplicación del acuerdo de paz".

La investigación recuerda que "el código tributario incluye una subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA) Tasa de 16% a 19%; una reducción de las tasas del impuesto de 42% en 2017 a 33% en 2019 y la introducción de un impuesto sobre los dividendos para los accionistas individuales".

Por tanto, indican los economistas que realizaron el análisis, "esperamos que la reforma pueda asegurar el cumplimiento de los objetivos fiscales en 2017 y 2018. Sin embargo, no llega a representar un cambio hacia un código fiscal más progresivo".

Apunta que el país ha tenido que sortear una fuerte caída de los precios del petróleo desde mediados de 2014, lo que ha venido amenazando la calificación crediticia y el grado de inversión del país.

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