Gremios de exportación advierten impacto del nuevo impuesto al oro: más contrabando y menos ingresos

Aunque el oro alcanzó recientemente un precio récord de US$3.500 por onza, el sector exportador colombiano del metal podría enfrentar un retroceso si avanza el proyecto de decreto que propone aumentar la retención en la fuente del 1% al 2,5% en las compras hechas por las Sociedades de Comercialización Internacional (C.I.).

Gremios de exportación como Analdex han advertido que este cambio representaría una carga fiscal total de hasta el 11% para los pequeños productores que venden a través de canales legales. “Las consecuencias previsibles de este posible aumento en la retención en la fuente es menos formalidad, potencial menor recaudo y mayor inseguridad”, señaló Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.

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Según el análisis del gremio, si la carga fiscal sobre el oro de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) supera el umbral del 5%, como lo plantea el decreto, hasta el 90% del oro que hoy se comercializa legalmente podría desviarse hacia el mercado informal y rutas de contrabando.

“Es un mensaje contradictorio en un momento en que el precio internacional del oro alcanzó los US$3.500 por onza”, agregó Díaz.

Entre enero y febrero de 2025, las exportaciones de oro sumaron US$649 millones, un incremento del 31,6% frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Dian analizadas por Analdex. Con la nueva estructura tributaria, ese impulso podría perderse.

Patrick Schein, presidente del grupo Gold by Gold, operador de una C.I. en Colombia, también advirtió que “con un solo decreto, se puede poner en riesgo la formalidad del sector y reducir significativamente los ingresos fiscales”. Según sus cálculos, el recaudo anual podría caer de US$225 millones a US$50 millones, debido a la reducción del volumen de oro que pasaría por canales formales.

Además del impacto fiscal, el proyecto podría tener efectos sobre la seguridad. El incremento del oro en el contrabando “fortalecería directamente las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales”, señaló el documento de análisis de Analdex, lo que iría en contravía de los objetivos de control territorial del Estado.

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Gina D’Amato, directora de la Fundación Alianza por la Minería Responsable, subrayó que “si se quita la posibilidad de generar un ingreso digno, vía medios formales como las CI, se está incentivando la exploración de mercados informales”, lo que a su vez dificulta la trazabilidad del oro y el cumplimiento de estándares ambientales y sociales.

El Gobierno aún no ha anunciado una decisión final sobre la expedición del decreto. Sin embargo, los gremios advierten que el país podría desaprovechar el buen momento del precio internacional del oro si avanza una política fiscal que, según ellos, amenaza con desincentivar la formalización y reducir el potencial de exportaciones legales.

Fuente: Sistema Integrado de Información