Induarroz advierte efectos negativos de regular precios del arroz para el mercado

La Cámara Induarroz de la Andi, que agrupa a parte de la industria arrocera nacional, cuestionó la resolución expedida por el Ministerio de Agricultura que somete al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada.

La decisión, adoptada en el marco del acuerdo con los líderes del paro arrocero, según la agremiación, “fue expedida sin tener en cuenta el origen real de la problemática del mercado y sin acoger los principales comentarios técnicos presentados a través de los canales institucionales”.

Induarroz advirtió que esta regulación llega en medio de una coyuntura compleja para el sector, marcada por una sobreoferta sin precedentes, y que podría agravar los desequilibrios existentes.

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La industria señala que en 2024 Colombia sembró 631.000 hectáreas de arroz, el nivel más alto de su historia, lo que generó una cosecha récord en un contexto de caída de los precios internacionales.

A pesar de las advertencias para racionalizar las siembras, la superficie cultivada aumentó, especialmente en departamentos como Casanare, donde se alcanzaron 216.000 hectáreas solo en el primer semestre de 2025. Esto generó inventarios 92% superiores a los del año anterior.

Críticas 

La agremiación indica que, según datos de Fedearroz, los precios mínimos establecidos en la resolución son hasta un 17% más altos que los de mercado en algunos municipios, lo que podría alterar la dinámica de comercialización y profundizar los problemas existentes. Induarroz advierte sobre varios riesgos asociados:

• Aumento del precio del arroz blanco al consumidor, especialmente para hogares de bajos ingresos.
• Incentivos para nuevas siembras en un contexto de sobreoferta.
• Pérdida de competitividad frente a importaciones.
• Mayor informalidad en la cadena.
• Desequilibrios estructurales que amenazan la sostenibilidad del sector.

Observaciones

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su concepto de abogacía de la competencia, coincidió con varias de las preocupaciones del sector industrial.

Indicó que la imposición del régimen de libertad regulada es “una clara limitación al libre proceso de formación de precios” y advirtió que “podría, eventualmente afectar la eficiencia del mercado y la adecuada transmisión de información”.

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La SIC también señaló que la medida “solo se justifica si es transitoria” y que puede generar incertidumbre entre compradores, lo que desincentivaría el almacenamiento del grano. Agregó que podría derivar en “una dependencia estructural del sector respecto del apoyo gubernamental” y recomendó atender los problemas estructurales del mercado bajo principios de libre competencia.

Induarroz señala que, desde la emisión de la resolución, los actores del sector se han visto obligados a adaptar sus modelos de negocio para cumplir con la regulación. No obstante, advierte que la medida va en contravía de las necesidades del sector, que requiere políticas para facilitar la absorción de la cosecha, no para desincentivarla.

“Cualquier medida que se tome en este momento debe cumplir con el doble objetivo de generar incentivos a que se absorba la totalidad de la cosecha, minimizando posibles efectos negativos sobre los agricultores, al tiempo que se logre proteger a los consumidores de mecanismos que incrementen en forma artificial los precios de un producto de la canasta básica de alimentos”, subrayó la Cámara.

Induarroz reiteró su compromiso con la sostenibilidad del sector y respaldó la recomendación de la SIC de trabajar en una solución estructural.

La agremiación insistió en la necesidad de implementar la agenda de competitividad con base en el Plan de Ordenamiento Productivo, de cara a la apertura comercial de 2030.

Fuente: Sistema Integrado de Información