En medio de una jornada de intensas protestas, Milei decretó la limitación del derecho a la huelga

Mientras las fuerzas de seguridad reprimían con violencia este miércoles una nueva manifestación de jubilados en el centro de Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei avanzaba en otra ofensiva contra el derecho a la protesta y la huelga. Mediante un nuevo decreto, el Ejecutivo restringió fuertemente la posibilidad de ejercer medidas de fuerza en vastos sectores de la economía, al declarar una extensa lista de actividades como “esenciales” y otras como “de importancia trascendental”, imponiendo mínimos operativos que vuelven prácticamente inaplicable el derecho constitucional a la huelga.

La normativa, ya tachada de ilegal por sindicatos y organismos de derechos humanos, obliga a garantizar un funcionamiento mínimo del 75% en los servicios esenciales y del 50% en las actividades trascendentales. El decreto fue redactado en principio para el sector de la Marina Mercante, pero en su tercer artículo modifica de hecho el régimen laboral vigente, repitiendo varios puntos que la Justicia había declarado inconstitucionales en 2023.

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Entre los sectores considerados “esenciales” se incluyen ahora los servicios de salud, educación, transporte aéreo y marítimo, cuidado de menores, producción y distribución de gas y combustibles, aduanas, migraciones y telecomunicaciones. Por su parte, actividades como el transporte público, la industria, la construcción, la minería, los servicios bancarios, hoteleros y gastronómicos, y los medios de comunicación fueron clasificadas como “de importancia trascendental” y obligadas a funcionar al menos a mitad de capacidad, incluso durante una huelga.

"La enorme extensión de actividades que son amparadas por el decreto avanza sobre los derechos de prácticamente todas las personas con actividad laboral del país, violando derechos reconocidos por la Constitución", denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En un duro comunicado, el organismo apuntó que el verdadero objetivo del Gobierno no es proteger la vida de la población, sino garantizar las metas fiscales del ajuste en curso. “Por eso, más que nunca, la huelga y la protesta son derechos que necesitan protección”, advirtió el CELS.

La respuesta sindical no tardó en llegar. "El Gobierno recurre a metodologías antidemocráticas y antijurídicas", declaró Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT. Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue más contundente: "La modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal". Diversos gremios ya anticiparon nuevas protestas y no descartan otro paro general.

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, Milei ha impulsado un plan de ajuste drástico sin buscar consensos en el Congreso, donde no tiene mayoría. Su primer megadecreto de necesidad y urgencia, que incluía una reforma laboral que pretendía limitar huelgas y modificar convenios colectivos, fue parcialmente anulado por la Justicia por inconstitucional. Ahora, el Ejecutivo insiste con herramientas similares, esta vez de modo sectorial.

La protesta reprimida este miércoles en Buenos Aires, protagonizada por jubilados, fue una muestra más de la creciente tensión social en el país. Según las autoridades, el operativo se justificó porque los manifestantes cortaban la calle. Sin embargo, el despliegue de violencia policial volvió a ser criticado por organizaciones sociales y por la oposición, que acusan a Milei de instaurar una política sistemática de criminalización de la protesta.

El nuevo decreto ha sido interpretado por juristas como un intento de instaurar por vía reglamentaria un modelo de relaciones laborales regresivo, que, sin apoyo parlamentario, avanza en los hechos mediante decretos ejecutivos. El artículo 14 bis de la Constitución argentina reconoce expresamente el derecho de los trabajadores a "concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, y el derecho de huelga".

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“Lo que está en juego es la vigencia misma del Estado de derecho laboral en la Argentina”, afirmó este jueves el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. “Si se admite que el Poder Ejecutivo puede restringir derechos fundamentales sin debate legislativo y contra fallos judiciales previos, estamos frente a un grave retroceso institucional”.

Fuente: Sistema Integrado de Información