Consejo de Estado rechaza acción de tutela de Germán Vargas Lleras contra presidente Petro

El Consejo de Estado rechazó la acción de tutela interpuesta por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras contra el presidente Gustavo Petro, quien había solicitado que se protegieran sus derechos a la honra y al buen nombre luego de que Petro lo mencionara en un trino sobre la privatización de Isagén y su impacto en el precio de la energía en Colombia.

El alto tribunal determinó que el trino publicado por el presidente en su cuenta de la red social X no vulneró los derechos de Vargas Lleras, ya que la afirmación no fue dirigida exclusivamente a él, sino al proyecto político al que perteneció durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Según el Consejo de Estado, el mensaje de Petro se enmarcaba en un debate político y no constituía un ataque personal contra el ex vicepresidente.

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El trino del presidente Gustavo Petro señalaba que “falta que ofrezca una disculpa a la sociedad colombiana por haber privatizado, junto con Vargas Lleras, a Isagén. La privatización de Isagén disparó la especulación de los generadores de energía hídrica en la bolsa y golpeó el ingreso familiar y la economía colombiana”.

En su defensa, el presidente presentó recortes de noticias de diversos medios de comunicación que evidenciaban el respaldo a la privatización de Isagén durante el gobierno de Santos, cuando Vargas Lleras ocupó la Vicepresidencia de la República entre 2014 y 2017. Según Petro, estos hechos eran de interés público y formaban parte de un legítimo debate sobre las políticas económicas del pasado.

Con esta decisión, el Consejo de Estado concluyó que el comentario de Petro no afectó los derechos fundamentales del ex vicepresidente, por lo que desestimó la solicitud de que el presidente se retractara públicamente.

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Según el tribunal, el trino se encontraba dentro de los límites del libre ejercicio de la crítica política y no constituía una vulneración de los derechos de Vargas Lleras.

El fallo del Consejo de Estado ratificó la importancia de proteger la libertad de expresión y el debate político en el país, garantizando que las críticas sobre acciones de gobiernos pasados sean tratadas dentro del marco de la democracia y el respeto por las instituciones.

Fuente: Sistema Integrado de Información