Más de 800 militares que participaron en falsos positivos en fueron remitidos a la Sala de Definición de la JEP
De acuerdo con lo indicado por la Jurisdicción Especial para la Paz, esto se debe a que no fueron considerados máximos responsables.
JEP
Foto: Camila Díaz - Sistema Integrado Digital RCN Radio
Un total de 862 militares, antiguos integrantes de seis batallones de la IV Brigada del Ejército Nacional, fueron remitidos a la Sala de Definición de Situaciones de la JEP.
La decisión se tomó en el marco del Subcaso Antioquia del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate.
La magistratura determinó que estos 862 comparecientes no fueron los máximos responsables de la puesta en marcha ni de la consolidación de la política de facto de “conteo de cuerpos”, que dejó al menos 581 víctimas documentadas en ese departamento entre 2002 y 2007.
Según la JEP los exmilitares tampoco fueron partícipes determinantes en la comisión de estos delitos, calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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Hay que señalar que por estos mismos hechos ya fueron imputados 48 militares y dos civiles. De ellos, seis tenientes coroneles, 23 oficiales, ocho suboficiales, tres soldados y dos civiles reconocieron por escrito su responsabilidad y se preparan para hacerlo públicamente ante las víctimas y el país.
¿Qué sigue?
Será la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas la que deberá resolver de manera definitiva, y no sancionatoria, la situación jurídica de cada compareciente, garantizando su contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas, mientras facilita la reintegración de los antiguos militares a la vida civil, tal como lo establece el Acuerdo Final de Paz.
A partir del proceso de contrastación judicial, la JEP identificó a 50 máximos responsables que lideraron la política de facto del “conteo de cuerpos” en Antioquia. Esta política se ejecutó mediante tres modalidades macrocriminales, aun cuando se conocían los riesgos comprobados que representaba para la población civil.
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"Paralelo a las imputaciones, la magistratura concluyó en este subcaso que 862 comparecientes no tuvieron una participación determinante en los hechos: pertenecían a los rangos más bajos de la estructura jerárquica o, aun teniendo mando, no contribuyeron de manera esencial a la configuración, consolidación o encubrimiento del patrón macrocriminal", apuntó.
Fuente: Sistema Integrado de Información
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