¿Podría Epa Colombia salir de la cárcel por petición de Gustavo Petro? Experto y Ministerio de Justicia responden

Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de Epa Colombia, lleva varias semanas en tendencia tras ser arrestada por haber dañado algunas estaciones de Transmilenio durante las protestas de 2019. En diálogo con Noticias RCN, la influencer y empresaria confesó que han sido días difíciles: "Solo Dios sabe por qué estoy aquí".

Según relató, actuó influenciada por algunos amigos: "Me dijeron 'amiga, hagamos un video que estamos en medio de las marchas'. Lo publiqué y en cinco minutos se volvió viral".

Epa aseguró que se equivocó y que en ese momento no era consciente de las consecuencias: "Era muy pobre, demasiado pobre, y aunque sabía que estaba mal, decidí presentarme ante las autoridades", dijo.

Con el tiempo, logró consolidar su empresa de productos capilares: "Todos los 13 de cada mes firmaba un libro, cumplí con lo que me exigieron, monté mi negocio y ayudé a muchas personas… eso también debe tenerse en cuenta", afirmó.

Durante la entrevista, Daneidy le pidió al presidente Gustavo Petro que la ayudara a salir de prisión, argumentando que su hija de nueve meses la necesita.

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En respuesta, el mandatario solicitó a la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que revisara el caso a la luz de la Ley 2292 de 2023, que permite a las mujeres privadas de la libertad por delitos cometidos en condiciones de marginalidad sustituir sus penas por servicios comunitarios, siempre que sean cabeza de hogar.

La ministra respondió a la solicitud solicitada por el presidente Petro. En diálogo con Blu, Buitrago aclaró que no puede atender dicha petición: “No puedo decidir la liberación de ‘Epa Colombia’, ya que corresponde exclusivamente a un juez de ejecución de penas. Cualquier cambio en la condena, modificación o beneficio debe ser autorizado por un juez. Nadie puede interferir en esa decisión, pues es un asunto judicial”.

Asimismo, recordó que la empresaria aceptó los cargos y que esa decisión no puede revocarse arbitrariamente: “Cuando alguien acepta los cargos ante la justicia y el juez valida esa aceptación, se trata de una confesión irrevocable”, subrayó.

Además, el abogado penalista Francisco Bernate Ochoa, de la Universidad del Rosario y especialista en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia, explicó que las decisiones sobre la libertad de los reclusos recaen en los jueces: "Ahora procede presentar una solicitud para que se le conceda prisión domiciliaria, atendiendo su condición de madre cabeza de hogar".

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Sin embargo, desestimó el peso de las declaraciones de Gustavo Petro, aclarando que esta decisión no corresponde al jefe de Estado. 

También, el abogado Juan Manuel Charry, especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política, desestimó la petición de Gustavo Petro, asegurando que está completamente equivocada.

"El régimen de libertad de las personas, especialmente cuando han sido sancionadas judicial y penalmente, lo administra un funcionario de penas, quien determina si procede algún beneficio, siempre conforme al código carcelario que regula el sistema penitenciario. Por lo tanto, no es una decisión del Ejecutivo, sino de la rama judicial, ya sea del juez que impuso la sanción o de quien administra la pena", explicó Charry. 

Por último, Miguel Ángel del Río, abogado penalista, respaldó la postura de sus colegas al afirmar que el presidente no puede intervenir por encima de la ley con una simple declaración. "Lo que corresponde es que la defensa presente solicitudes dirigidas a precisar si existen beneficios aplicables, pero será el juez de ejecución de penas quien determine esa situación", concluyó Del Río.

Fuente: Sistema Integrado Digital