¿Qué pasó con los funcionarios del Distrito procesados por fraude electoral?

El pasado 19 de septiembre los funcionarios de la Secretaria de Integración Social de Bogotá, Julián Alberto Gutiérrez Amaya y Jhon Rafael Garzón Rodríguez fueron presentados ante un juez de control de garantías por presuntamente haber presionado a un grupo de personas para que votaran por Diego Caro (para la Cámara de Representantes) y María Fernanda Cabal (Senado) en los comicios que se celebraron en marzo.

Los dos funcionarios se habrían reunido con varios de sus compañeros para decirles que tenían que votar por estos dos candidatos, de no hacerlo sus contratos dentro de la Secretaria de Integración Social de Kennedy estaría en riesgo. Gutiérrez Amaya y Garzón Rodríguez habrían organizado otros encuentros en los que se manifestaba a profesores de jardines infantiles en Bogotá la manera en cómo debían votar.

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Debido a esto, la Fiscalía General les imputó los delitos de constreñimiento y corrupción de sufragante. Un juez de control de garantías los envió a la cárcel al considerar que podían afectar la investigación y presionar a los potenciales testigos para que cambiaran sus versiones frente a los hechos por los que eran procesados penalmente.

Poco tiempo después, los funcionarios firmaron un precuerdo con la Fiscalía General en el que reconocieron su participación en estos hechos, indicando que ninguno de los dos candidatos al Congreso tenían algún tipo de conocimiento sobre sus actividades ilegales o la presión que estaban ejerciendo para que votaran por ellos.

El juzgado 53 de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo. En dicha diligencia judicial los dos procesados le solicitaron perdón a los funcionarios de la Secretaria Integración Social de Kennedy y a la senadora María Fernanda Cabal por los daños causados. En este punto reconocieron que no fueron coaccionados y todas las actividades las hicieron por voluntad propia.

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Tras la aprobación del acuerdo, el juez les otorgó la libertad condicional. El expediente pasó directamente a un juzgado de ejecución de penas puesto que ninguna de las partes presentó recurso de apelación.

Fuente: RCN Radio

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