35 exparamilitares del Bloque Calima y Bananero fueron condenados por 345 crímenes en cinco departamentos

La Fiscalía General de la Nación informó que 35 exintegrantes de los bloques Calima y Bananero pertenecientes a las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá fueron condenados tras hallarse responsables de 345 hechos delictivos ocurridos en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Huila y Quindío. 

De acuerdo con la entidad, los integrantes del Bloque Calima fueron los responsables de haber participado en masacres ocurridas en poblaciones como San Pedro, Chorreras, San Lorenzo y Piedritas, esta última perpetrada en zona rural del municipio de Tuluá. 

Según la Fiscalía, la masacre de Piedritas tuvo lugar en septiembre del año 1999, cuando hombres armados se internaron en varias de las veredas del corregimiento de San Rafael y ocasionaron la muerte de 13 pobladores de la zona. 

En medio de esta situación se generó un desplazamiento masivo de ciudadanos, quienes fueron despojados de sus bienes, además se tiene registro de haber ocasionado violencia de género en contra de dos mujeres, quienes fueron víctimas de secuestro y allí fueron objeto de tortura y tratos crueles poco antes de ser asesinadas. 

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La institución mencionó que la decisión tomada por la Sala de Justicia y Paz se encontró impulsada por situaciones como el apoyo recibido por empresarios e integrantes de la Fuerza Pública para la expansión del Bloque Calima. 

Para la Fiscalía, el accionar de este grupo armado tuvo una serie de patrones comunes antes de perpetrar sus actos, entre lo cual se destacan varios casos de homicidio, violencia de género, reclutamiento y desaparición forzada. 

La entidad reveló que entre los sentenciados por este hecho se encuentran Hebert Veloza García, alias HH; Juan Mauricio Aristizábal, alias Fino; Albeiro Úsuga Graciano, alias Robinson, Daison López Simanca, Janier Franco, Germán Enrique Pineda y Rover Enrique Oviedo. 

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Cabe resaltar que los implicados fueron condenados a penas ordinarias que oscilan entre los 240 y 480 meses de prisión. No obstante, según la Ley de Justicia y Paz, les fueron concedidas penas alternativas de ocho años, además de cancelar multas que van desde los 9.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta los 58.000.

Fuente: Sistema Integrado de Información